Comisiones económicas del Congreso de la República acordaron ponencia positiva para proyecto de Ley de financiamiento
Las Comisiones Terceras y Cuartas conjuntas de Cámara de Representantes y Senado de la República discutirán este martes la ponencia positiva para primer debate del proyecto de ley 300/2024 (Cámara) y 245/2024 (Senado). “Por medio de la cual se expiden normas de financiamiento para el Presupuesto General de la Nación, y se dictan otras disposiciones”, de origen gubernamental.
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Se trata de la reforma tributaria del Gobierno del Cambio, conocida como Ley de Financiamiento, con la que el Ejecutivo aspira a recaudar $11,5 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2025, aforado en $511 billones, y que será expedido por decreto en las próximas semanas debido a que fue hundido en el Congreso de la República.
Sin embargo, el entrante ministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara, explicó que, debido a los ajustes de último momento con los ponentes, se modificó esa aspiración. “La Ley de Financiamiento es fundamental para los rubros de inversión del presupuesto de 2025. Estamos trabajando con un cálculo aproximado de $9,8 billones. Estamos tratando de construir un consenso democrático con las comisiones económicas”.
La exposición de motivos señala que la norma plantea tres tipos de medidas de financiación: reactivación económica sostenible; adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible en un marco de sostenibilidad fiscal; y nuevas herramientas para fortalecer la fiscalización y operatividad del sistema tributario.
Argumentos de MinHacienda
En el proceso de concertación, el equipo asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo seis reuniones y una audiencia pública con los ponentes de las comisiones económicas del Legislativo, y se tuvo en cuenta las opiniones de otros actores como los gremios.
Entre las medidas de reactivación económica el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó los alcances de la reducción progresiva y gradual de la tarifa de renta corporativa, que se reduce del 35% actual al 27,3%, beneficiando especialmente a 563.705 empresas pequeñas y medianas.
Otros estímulos concertados son: beneficios por facturación electrónica, facilitar el desarrollo del turismo, promoción de actividades de mejoramiento de vivienda a través de préstamos del Fondo Nacional del Ahorro: esto representa más créditos sin hipoteca, generación de empleo y mercado de materiales de construcción.
También plantea estímulos al turismo al excluir el IVA a servicios hoteleros y turísticos en municipios con menos de 200 mil habitantes.
En transición energética planteó estímulos a proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía, sistemas fotovoltaicos y comunidades energéticas.
La propuesta incrementa el IVA a los vehículos eléctricos o híbridos y a los juegos de suerte y azar que se realizan de forma física o por internet, de esta forma se recaudarían $2 billones anuales.
Sin embargo, este tema saldría de la ponencia para darle viabilidad a la ponencia “por las dudas que genera este tipo de impuesto, tema que se debe revisar con más calma”, agregó el ministro Guevara. A cambio, dijo, se introducirán otros gravámenes como un impuesto al timbre de 1% y un nuevo impuesto a los dividendos.
Frente a las medidas en materia de cambio climático, el proyecto propone aumentar el impuesto al sector extractivo para un recaudo adicional de $1,3 billones anuales.
En otras medidas fiscales, la iniciativa reduce el umbral del impuesto al patrimonio, y que la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) grave los activos fijos reales no productivos.
En cuanto a la regla fiscal, la propuesta plantea anticipar su vigencia plena del año 2026 al año 2025, y crear una regla fiscal verde hacia futuro que recoja la práctica internacional.
La ponencia tiene tres títulos y 50 artículos, cuenta con 40 ponentes de ambas cámaras legislativas, y su vigencia –de ser aprobada- es a partir del primero de enero de 2025.
El plan b para el PGN de 2025
El saliente ministro Ricardo Bonilla ha explicado que, si el Congreso no aprueba el proyecto de Ley de Financiamiento antes del 16 de diciembre, se presentan dos escenarios: el primero, el 2 de enero expedir un decreto para suspender del Presupuesto General de la Nación los rubros que estén desfinanciados y el segundo es presentar en las sesiones de marzo entrante un nuevo proyecto de reforma tributaria para cubrir el faltante del PGN de 2025.
(Con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Fin/aga/cpq)
