Ante Tribunal Administrativo del Atlántico demandan Ordenanza 616 que autorizó al Gobernador la entrega de $1 billón al Distrito
Ante el Tribunal Administrativo del Atlántico fue demandada la Ordenanza 616 de 2024 de la Asamblea del Atlántico, aprobada en un tiempo récord, que autorizó al gobernador Eduardo Verano De la Rosa entregar al Distrito de Barranquilla más de Un billón de pesos producto de la Tasa de Seguridad, comprometiendo vigencias futuras en el período comprendido del 2025 al 2034. La iniciativa contó con ponencia positiva del diputado Welfran Mendoza Torres, un día antes de ser radicada por funcionarios del equipo económico de la Gobernación del Atlántico.
ES NOTICIA HOY:
- Falleció el periodista Alex Lewis Delgado
- En el Atlántico y Barranquilla 96 muertes violentas en enero de 2025
- Tradición y la cultura brilló en la coronación de Angie González en Suan
La demanda fue interpuesta por el abogado, José Humberto Torres, al considerar que la Administración Departamental y la Asamblea del Atlántico, incluidos funcionarios de ambas entidades incurrieron en conductas que deben ser investigadas “penal, disciplinaria y fiscalmente” para determinar la responsabilidad de quienes actuaron de manera diligente en la aprobación de una iniciativa en tiempo récord, a pesar que demandaba un estudio riguroso teniendo en cuenta que se comprometen recursos importante del Departamento beneficiando al Distrito de Barranquilla y su área metropolitana dejando excluidos el resto de los municipios del Atlántico.
Torres, explicó al periodistas José Granados de @30días.co que la acción judicial está sustentada en cuatro pilares:
1. “El Comité de Hacienda Departamental incurrió en el delito de falsedad en documento público al expedir el acta de la sesión en que supuestamente ese Comité declaró viable financiera y fiscalmente comprometer vigencias futuras excepcionales”.
2. “El Consejo de Gobierno Departamental prevaricó al declarar de importancia estratégica el proyecto para la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Área Metropolitana de Barranquilla, sin que el proyecto hubiese sido previamente inscrito en el Banco de Proyectos, viabilizado y aprobado por la Secretaría de Planeación, como lo ordena la ley”.
3. “Excediéndose en el ejercicio de sus funciones, el diputado Walfrán Mendoza (Cambio Radical) incurrió en el delito de abuso de poder al haber presentado a la Asamblea para primer debate un informe de ponencia de 56 páginas con fecha 15 de mayo de 2024. Los documentos publicados en la página web de la Asamblea del Atlántico prueban que a esa fecha la Gobernación aún no había radicado el proyecto de Ordenanza”.
4. “Violando el principio de seguridad jurídica y el derecho a la participación ciudadana, la Asamblea, en un procedimiento fast track de apenas dos días, dio aprobación al proyecto de Ordenanza el día viernes 17 de mayo, siendo sancionada el mismo día por el gobernador Eduardo Verano, quien dos días después suscribió el Convenio Interadministrativo que permitirá que ese billón cien mil millones, provenientes de la Tasa de Seguridad del Departamento, sea manejado a su arbitrio por el alcalde Alejandro Char”.
Tal como está en los registros de la Asamblea Departamental el diputado Mendoza, presentó ante el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea del Atlántico durante la vigencia del 2024, Sergio Barraza, la ponencia sin ser presentada la iniciativa, lo que permite inferir al abogado demandante que “Actuaron con inusitada y sospechosa eficiencia”.
Esta demanda compromete a Eduardo Verano De la Rosa que funge como Gobernador del Departamento, Cecilia Arango, David Ashton, quien fungió como presidente de la Asamblea, Welfran Mendoza Torres, ponente de la iniciativa y otros funcionarios y diputados relacionados, quienes apoyaron la iniciativa y dieron declaraciones a los medios de comunicó apoyando el proyecto presentado por la administración departamental que de acuerdo a lo expresado por el abogado Torres, se incurrió en falsedad en el contendido en el documento público.
Finalmente, el abogado Torres, dijo:“los funcionarios se pusieron de acuerdo para transitar por los linderos del Código Penal, en contravía del principio de legalidad, conducta que obliga a la Fiscalía a establecer si en el trámite de la Ordenanza 616 incurrieron o no en el delito de concierto para delinquir”.
