CGR: Ministerio de Hacienda debe cumplir y ser eficiente en la ejecución presupuestal en el 2026
La Contraloría General hace un llamado al Gobierno Nacional para que, en el proceso de recorte del Presupuesto General de la Nación, adopte una estrategia responsable, austera y equilibrada.
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Para el órgano de control es claro que al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo le resta el camino del recorte del gasto en 2026, pues el Congreso de la República aprobó el presupuesto del próximo año con un claro desequilibrio entre fuentes y usos. Mientras los ingresos se aprobaron por $530,7 billones, los gastos ascienden a $546,9 billones.
El cierre de esta brecha dependía de la aprobación de una Ley de Financiamiento por $16,29 billones, que finalmente fue negada y archivada de manera definitiva.
Para la Contraloría General la alternativa más viable es el recorte del gasto el cual debe tener en cuenta las fuertes inflexibilidades que caracterizan su composición, pues según el Ministerio de Hacienda, cerca del 92% del presupuesto es inmodificable.
Para 2026, la estructura del Presupuesto General se distribuye así: 65,5% en gastos de funcionamiento ($358,1 billones), 18,4% en deuda ($100,4 billones) y 16,1% en inversión ($88,4 billones).
Para el ente de control es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo.
Colombia ha mantenido históricamente el cumplimiento estricto de sus compromisos crediticios, por lo que el recorte de esta deuda estaría exento. Sin embargo, mediante operaciones de manejo de deuda, el Gobierno puede reducir una porción de este gasto.
La Contraloría General también ha evidenciado una marcada rigidez asociada a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones. No obstante, un análisis minucioso por parte del Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos.
En el caso de la inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también presenta restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras comprometidas. En este espacio, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con alto impacto macro-regional y que mejoren la estabilidad económica y la transformación productiva del país.
Para la Contraloría General, el Ministerio de Hacienda debe mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, superando los niveles observados en años recientes. En 2024, del total del presupuesto solo se obligó el 83,1%, y en el caso de inversión el porcentaje fue apenas del 57%.
En la presente vigencia (2025), al corte del 15 de diciembre, se presenta una ejecución del 79,9%, sin embargo, preocupa especialmente el rubro de inversión con apenas el 52,8% obligado, faltando quince días para finalizar el año.
El Gobierno, a través de la DIAN, debe acelerar la modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el fin de aumentar el recaudo tributario efectivo.
Además, es esencial realizar el recorte del gasto de manera transparente y participativa, dialogando con los sectores afectados. Esto implica comunicar de manera clara los criterios utilizados, las prioridades establecidas y los impactos esperados, con el fin de preservar la confianza ciudadana y de las instituciones.
Finalmente, es indispensable reafirmar la disciplina fiscal del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
