Senado examinará decreto de emergencia económica, presidente convocó a sesión extraordinaria
El Presidente del Congreso, Lidio García Turbay, anunció la citación a sesiones para “examinar con rigor” los decretos que expida el Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia económica.
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La decisión de citar a los congresistas, según explicó el Presidente García Turbay, responde al deber constitucional del Congreso de revisar las medidas adoptadas por el Ejecutivo y salvaguardar la autonomía del poder legislativo.
El Senador se refirió a los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, quienes en el pasado fueron congresistas y que, según García Turbay, ahora que hacen parte del Gobierno Nacional, buscan condicionar la “autonomía” del Legislativo.
“Los excongresistas que hoy ocupan las carteras del Interior @AABenedetti y Trabajo @AntonioSanguino defendieron en su momento la autonomía del Congreso; ahora, desde el Ejecutivo, buscan condicionarla”, manifestó García Turbay.
Explicó que “el artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe motivado”, y manifestó que “las reacciones apresuradas de estos funcionarios generan legítimos interrogantes sobre lo que intentan evitar”.
“El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”, anunció el Presidente del Legislativo.
El estado de emergencia económica fue declarado por el presidente Gustavo Petro con base en el artículo 215 de la Constitución Política, que faculta al Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias cuando sobrevienen hechos que perturban o amenazan de manera grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país.
Esta figura permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley para atender situaciones excepcionales que no pueden resolverse mediante los mecanismos ordinarios.
Según el Gobierno Nacional, la declaratoria de la emergencia económica obedece a la necesidad de enfrentar circunstancias económicas y sociales que requieren respuestas inmediatas del Estado, orientadas a proteger a la población, garantizar la estabilidad económica y atender problemáticas estructurales que, de no ser abordadas con prontitud, podrían profundizarse.
No obstante, la Constitución establece que estas decisiones están sujetas al control político y jurídico por parte del Congreso de la República y de la Corte Constitucional.
