Corte abre indagación contra Efraín Cepeda por presuntos vínculos con el paramilitarismo
La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el senador Efraín Cepeda, actual presidente del Partido Conservador Colombiano, por su presunta relación con grupos paramilitares, tras recibir una compulsa de copias enviada por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-. La decisión se da en el marco de las declaraciones rendidas por el exsenador Álvaro Ashton Giraldo, quien comparece ante la justicia transicional.
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De acuerdo con la información conocida, la JEP remitió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema varios registros de audio y documentos que contienen testimonios de Ashton, en los que señala que varios congresistas del departamento del Atlántico habrían favorecido intereses de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según el exparlamentario, ese presunto respaldo se habría dado mediante la elaboración y promoción de proyectos de ley y decisiones políticas que beneficiaban a estructuras armadas ilegales.
En sus declaraciones, Ashton mencionó a dirigentes políticos de alto perfil, entre ellos Efraín Cepeda, y también hizo referencia a otros actores políticos de la región Caribe, incluyendo a quien hoy ocupa el Ministerio del Interior. Estos señalamientos motivaron a la JEP a compulsar copias a la justicia ordinaria para que se evalúe si existen méritos suficientes para avanzar en investigaciones penales, dada la competencia de la Corte Suprema frente a congresistas aforados.
La indagación preliminar busca establecer si los testimonios entregados por Ashton cuentan con soporte probatorio adicional que permita determinar la existencia de vínculos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre dirigentes políticos y grupos paramilitares. En esta etapa, la Corte puede ordenar la práctica de pruebas, ampliar declaraciones y escuchar en versión libre a los mencionados, sin que ello implique una imputación formal ni un prejuzgamiento.
La apertura de esta indagación se produce en un contexto de alta sensibilidad política, en el que la JEP continúa revelando información sobre la relación entre el paramilitarismo y sectores del poder político regional durante los años más intensos del conflicto armado. Para analistas, el caso vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de las élites políticas en la expansión de las AUC, especialmente en la región Caribe.
Desde el punto de vista institucional, el proceso también representa una prueba para la articulación entre la JEP y la justicia ordinaria, así como para la independencia de la Corte Suprema en investigaciones que involucran a figuras clave del establecimiento político. Mientras tanto, los señalados han reiterado su rechazo a las acusaciones, insistiendo en que se trata de versiones sin sustento que deberán ser verificadas dentro del debido proceso.
