Detectan incumplimientos en precios de la gasolina, Gobierno iniciará proceso administrativo contra 70 estaciones

El Ministerio de Minas y Energía, a través de la Dirección de Hidrocarburos, realizó 86 visitas de verificación a estaciones de servicio (EDS) en ciudades como Tumaco, Cúcuta, Medellín, Cali, Los Palmitos y Bogotá, con el fin de revisar sus condiciones de operación. Estas acciones se enmarcan en la normativa vigente y en la Política de Trabajo Digno y Decente, impulsada con el Ministerio del Trabajo.
ES NOTICIA HOY:
Como resultado de las inspecciones, se evidenció que más del 75% de las estaciones visitadas presentaban algún tipo de riesgo o incumplimiento.
A partir de estos hallazgos, el ministerio iniciará procesos administrativos contra 70 estaciones de servicio por posibles incumplimientos a obligaciones técnicas, operativas, ambientales y de seguridad, para
garantizar condiciones seguras para trabajadores y usuarios.
De manera adicional, tras la reducción de $500 por galón en el precio de la gasolina corriente, se expidió la Circular 40006 del 1 de febrero de 2026, para que esta medida se reflejara de manera inmediata en las
estaciones de servicio y beneficiara a los ciudadanos.
Para verificar su cumplimiento, el ministerio, en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), realizó 25 visitas de inspección adicionales en estaciones ubicadas en Tocancipá, Yumbo,
Buenaventura y La Dorada. Durante estas verificaciones se encontró que más del 20% de las inspeccionadas no habían aplicado la reducción en el precio del combustible, incumpliendo la instrucción del Gobierno nacional.
Los hallazgos relacionados con este incumplimiento serán trasladados a la SIC, entidad competente para adelantar las actuaciones correspondientes e imponer las sanciones y multas previstas en su
régimen sancionatorio.
El ministerio reafirma que continuará fortaleciendo las acciones de inspección, vigilancia y control en las estaciones de servicio del país, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normativa, proteger a los trabajadores y asegurar que las decisiones del Gobierno se traduzcan en beneficios reales para los ciudadanos.





