“Fue un crimen de Estado”: se estrecha el cerco contra la Segunda Marquetalia por asesinato de Miguel Uribe
En medio de un ambiente de tensión política y judicial, las autoridades colombianas avanzan en la ofensiva contra la estructura ilegal conocida como Segunda Marquetalia, tras confirmarse la expedición de órdenes de captura contra varios de sus cabecillas por el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay. El caso, que estremeció al país, es considerado por los investigadores como un atentado directo contra la institucionalidad democrática.
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Dentro de los cobijados con las medidas judiciales figuran Luciano Marín Arango, Géner García Molina, José Manuel Sierra, Alberto Cruz Lobo, Jhon Jairo Bedoya Arias, Diógenes Medina Hernández y Kendry Téllez Álvarez, señalados como presuntos determinadores y articuladores del crimen. Según las autoridades, se trataría de una acción planificada desde las más altas esferas de esta disidencia armada.
Como parte del cerco internacional, la Interpol emitió circular roja contra varios de estos individuos, activando su búsqueda en más de 190 países. Información de inteligencia indica que los implicados estarían en territorio venezolano, lo que ha encendido las alertas sobre la cooperación judicial entre ambos países y la posible protección de estructuras ilegales en la región.
En medio de este escenario, la reacción del dirigente político Miguel Uribe, padre del exsenador asesinado y actual aspirante a la Presidencia de la República, no se hizo esperar. Desde Estados Unidos, donde adelanta gestiones ante instancias internacionales, aseguró que el crimen de su hijo “no fue un hecho aislado”, sino que constituye un “crimen de Estado”, al tiempo que cuestionó directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por lo que considera falta de garantías y presunta permisividad frente a grupos armados.
Las declaraciones han elevado el tono del debate político en el país, generando reacciones encontradas entre distintos sectores. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para lograr la captura de los responsables y esclarecer completamente este magnicidio, que sigue dejando profundas heridas en la vida política colombiana y plantea serios interrogantes sobre la seguridad y el rumbo institucional del país.
