Alerta en Barranquilla: plan para atentar contra Alejandro Char agrava crisis de seguridad en el Atlántico

La creciente ola de violencia que golpea a Barranquilla encendió una nueva alarma en las autoridades, luego de que la Policía Nacional de Colombia advirtiera sobre un presunto plan criminal para atentar contra la vida del alcalde Alejandro Char y su familia. La información de inteligencia, considerada de alta gravedad, ha obligado a reforzar los esquemas de seguridad del mandatario en medio de un contexto marcado por el avance del crimen organizado en el área metropolitana.
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A través del ministro del Interior, Armando Benedetti, el gobierno nacional reiteró el respaldo institucional frente a la amenaza. “El Gobierno nacional ha estado muy pendiente y al frente de la situación del alcalde Alejandro Char”, afirmó el funcionario, quien subrayó el compromiso de proteger la vida de los líderes territoriales en un país donde la violencia política y criminal vuelve a generar preocupación.
Este nuevo episodio se suma a un panorama cada vez más crítico en materia de seguridad. Según reportes recientes, el Atlántico registró 282 muertes violentas en el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento frente al mismo periodo del año anterior. Solo en marzo se contabilizaron 93 homicidios, con una fuerte concentración en el área metropolitana de Barranquilla, donde se evidencia el impacto de disputas entre estructuras criminales.
Las cifras reflejan una tendencia ascendente que no ha podido ser contenida pese a las medidas adoptadas por las autoridades locales y departamentales. Municipios como Soledad, Malambo y la propia capital del Atlántico concentran buena parte de los hechos violentos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de seguridad y el uso de los recursos destinados para enfrentar el delito.
En este contexto, la amenaza contra el alcalde Char no solo pone en riesgo a una figura clave de la administración local, sino que también evidencia el nivel de penetración y capacidad de intimidación de las organizaciones criminales en la región. La situación mantiene en alerta a las autoridades y abre un nuevo capítulo en la discusión nacional sobre seguridad, gobernabilidad y control territorial en el Caribe colombiano.






