Congreso responde con dureza al Tribunal y defiende la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali
La controversia por la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, prevista para este 7 de agosto en Santiago de Cali, escaló a un nuevo nivel institucional. En un documento remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Senado de la República rechazó de manera categórica la solicitud de medidas cautelares que buscan frenar el traslado temporal del Congreso a la capital del Valle del Cauca, lo que evidencia un fuerte choque entre dos ramas del poder público en medio del proceso judicial.
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En el escrito firmado por el secretario general del Senado, Diego Alejandro González González, la corporación sostiene que la decisión de trasladar temporalmente la sede del Congreso fue adoptada conforme a la Constitución y la ley, al recordar que ambas cámaras actuaron en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 140 de la Carta Política y en el artículo 33 de la Ley 5ª de 1992. El Senado enfatiza que la determinación fue producto de la voluntad de las plenarias y del cumplimiento de las reglas sobre deliberación, quórum y mayorías.
La respuesta también cuestiona los fundamentos de la acción admitida por el Tribunal. Según el documento, la solicitud cautelar «carece del soporte probatorio mínimo exigido», al señalar que está sustentada principalmente en notas periodísticas, estimaciones económicas e hipótesis generales, sin demostrar una amenaza «cierta, grave, inminente y directamente imputable» al Senado de la República. Además, advierte que suspender la decisión del Congreso implicaría una interferencia anticipada sobre un acto constitucional adoptado por el poder legislativo.
El Senado fue más allá al advertir que la suspensión pretendida excedería la finalidad de las medidas cautelares, pues condicionaría la eficacia de una decisión bicameral a la entrega de documentos cuya elaboración y custodia corresponde a otras entidades del Estado, como las autoridades encargadas de la seguridad, la logística y los aspectos presupuestales del evento. En ese sentido, sostuvo que la información requerida puede obtenerse durante el trámite judicial sin necesidad de paralizar una decisión del Congreso, preservando así la autonomía parlamentaria, la separación de poderes y el principio de legalidad.
Finalmente, la Secretaría General del Senado pidió al Tribunal negar las medidas cautelares en todas sus modalidades, al considerar que no existe evidencia de una conducta atribuible a la corporación que justifique restringir anticipadamente una competencia constitucional. El pronunciamiento marca un nuevo episodio de tensión institucional entre el Congreso y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá decidir si mantiene o no el curso de la acción judicial que busca impedir que la ceremonia de posesión presidencial se realice en Cali, como fue aprobado por el Legislativo.
