Ante el Consejo de Estado veedor ciudadano radicó demanda de pérdida de investidura del senador Agmeth Escaf
Las explosivas declaraciones de Eva Ferrer en una entrevista con Vicky Dávila, publicadas por la revista SEMANA, tuvieron nuevas repercusiones políticas y judiciales. El senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf fue demandado ante el Consejo de Estado por presunta pérdida de investidura, en una acción que señala un supuesto tráfico de influencias relacionado con las denuncias de la exfuncionaria.
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La demanda fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo, quien solicitó al alto tribunal estudiar la posible configuración de la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, referente al tráfico de influencias debidamente comprobado.
En el documento judicial, el demandante recoge las afirmaciones de Ferrer, quien aseguró que Escaf Tijerino, entonces representante a la Cámara por el Atlántico para el período 2022-2026, y Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama Verónica Alcocer, integraban su círculo cercano y presuntamente tenían incidencia en entidades públicas del orden nacional durante la administración del presidente Gustavo Petro.
Entre los señalamientos divulgados por SEMANA, Ferrer mencionó supuestas intervenciones en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Dapre- y ProColombia. Según su versión, integrantes de ese entorno habrían tenido participación en decisiones relacionadas con funcionarios y ejercido presiones sobre directivos de entidades estatales. Estas afirmaciones corresponden a las declaraciones de Ferrer y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
Agmeth Escaf ha sido relacionado públicamente con Verónica Alcocer por su cercanía personal. Sin embargo, la demanda y las declaraciones citadas no constituyen, por sí mismas, una decisión judicial que determine la existencia de tráfico de influencias ni la responsabilidad del congresista. Corresponderá al Consejo de Estado evaluar los argumentos y las pruebas aportadas para establecer si existe fundamento para decretar la pérdida de investidura.
El caso abre un nuevo capítulo de controversia política alrededor de las revelaciones de Eva Ferrer y de las presuntas relaciones de poder que, según su testimonio, habrían operado durante el gobierno Petro. La atención se centra ahora en el trámite que adelante el Consejo de Estado y en las pruebas que puedan respaldar o desvirtuar los señalamientos.
