Clemencia Vargas exige investigar el Pacto de Valledupar, pide esclarecer presuntas maniobras contra su padre y la intervención de Estados Unidos

Un pronunciamiento que pone nuevamente sobre la mesa el debate político nacional hizo Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, al referirse al denominado Pacto de Valledupar y reclamar que se investiguen las denuncias relacionadas con presuntas gestiones ante antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-..
ES NOTICIA HOY:
Vargas pidió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer los hechos y determinar si existieron actuaciones dirigidas a involucrar a su padre y a otros dirigentes políticos en declaraciones o señalamientos. La solicitud busca que las autoridades establezcan responsabilidades con fundamento en pruebas y no permitan que las denuncias se conviertan en instrumentos de confrontación política.
El caso ha cobrado relevancia tras las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia -Dapre-, y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes se han referido a supuestos acercamientos con antiguos integrantes de las AUC. Según las versiones divulgadas, se habría planteado la posibilidad de que estos hablaran sobre Germán Vargas Lleras, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Abelardo De La Espriella. Las circunstancias y los alcances de esas presuntas gestiones deberán ser establecidos por las autoridades competentes.
En su pronunciamiento, Clemencia Vargas también pidió la intervención de Estados Unidos para que se conozcan los hechos denunciados. Su posición se suma a las voces que reclaman transparencia frente a las reuniones y conversaciones que habrían tenido lugar en Valledupar, así como claridad sobre sus objetivos y los participantes.
La controversia plantea interrogantes sobre los límites entre los acercamientos con antiguos actores armados y el eventual uso de sus testimonios en escenarios de disputa política. Sin embargo, cualquier conclusión sobre la existencia de una operación contra dirigentes políticos o sobre la responsabilidad de personas determinadas requiere una investigación rigurosa y evidencia verificable.






