Fiscalía imputó cargos a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
La Fiscalía General de la Nación imputó esta noche cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dentro de una investigación que involucra presuntas irregularidades administrativas y posibles extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones cuando integraban el Gobierno nacional. La diligencia judicial hace parte de un proceso que avanza desde mediados de 2024 y que ahora entra en una etapa decisiva.
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Según la Fiscalía, a Bonilla se le atribuyen presuntos delitos relacionados con intervenciones indebidas en decisiones fiscales y contractuales, las cuales habrían favorecido a terceros y generado afectaciones al erario. El ente acusador sostiene que existen elementos materiales de prueba que demostrarían su participación directa en autorizaciones presupuestales cuestionadas durante su paso por la cartera de Hacienda.
En el caso de Velasco, la imputación está asociada a presuntas irregularidades en la gestión política y administrativa del ministerio del Interior, incluyendo posibles presiones en la ejecución de recursos destinados a programas territoriales. La Fiscalía señaló que varios testimonios y documentos sustentan la hipótesis de que el exministro habría incidido en decisiones que no estaban dentro de sus atribuciones legales.
Ambos exfuncionarios han rechazado las acusaciones y aseguran que su actuación siempre se ajustó a la ley y a los lineamientos del Gobierno. A través de comunicados, sus defensas calificaron la imputación como un acto “desproporcionado” y anunciaron que demostrarán su inocencia en las siguientes etapas del proceso judicial. Tanto Bonilla como Velasco manifestaron estar dispuestos a comparecer ante la justicia y colaborar con la investigación.
Con esta decisión, el caso avanza hacia un escenario judicial que podría tener implicaciones políticas para el Gobierno y para las dinámicas del Congreso, donde ambos exministros mantuvieron protagonismo durante sus periodos. La Fiscalía continuará practicando pruebas antes de decidir si solicita o no la apertura de juicio, mientras el país sigue atento a un proceso que podría marcar un precedente en materia de responsabilidad pública de altos funcionarios.
