MinJusticia suspendió traslado de cabecillas de ‘Los Pepes’, ‘Los Costeños’ y del ‘Negro Ober’ a Barranquilla
El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, a través de su cuenta X, anunció que el traslado de Digno Palomino, Castor y el ‘Negro Ober’, a una cárcel de la ciudad de Barranquilla quedaron suspendidos ante nueva orden. Al parecer la decisión obedece a las criticas del alcalde Alejandro Char, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano, dirigentes políticos y gremiales sobre la determinación del gobierno Nacional sin consultar a las autoridades regionales.
ES NOTICIA HOY:
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Sin embargo el ministro encargado, Andrés Idárraga, respondió al alcalde Alejandro Char cuales fueron los fundamentos del gobierno Nacional para tomar la decisión el pasado sábado:
“@AlejandroChar no tergiverse: aquí no hay “premios”, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener. El Gobierno nacional asumió decisiones difíciles para frenar el desangre y logró que, a través de diálogos de paz, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ acordaran una tregua, lo que permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa, sumado a una ofensiva policial sostenida. El desangre entre bandas en Barranquilla se salió de su control, y las cifras lo demuestran: cuando usted asumió, el 2024 cerró como el más violento en 20 años, con 487 homicidios, y la extorsión ya venía disparada 458% entre 2021 y 2023.
Las cifras de la Policía no son opinión, y su discurso no las cambia. El Gobierno nacional asumió los problemas que usted no ha podido controlar incluso con millonarios recursos. Por favor respóndale a los barranquilleros: ¿Qué pasó con los 78.000 millones de pesos del impuesto a la seguridad que pagan los atlanticenses y que controla
@alcaldiabquilla? Es casi la mitad del recaudo del departamento, y con esa plata, la ciudad llegó a sus peores cifras de violencia en 20 años. La pregunta es simple y no admite discursos ¿Cómo le responde a “las madres que han perdido a sus hijos”? En todo caso, la lucha contra la criminalidad exige institucionalidad unida, con responsabilidades claras y de frente a la ciudadanía. Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido. El pueblo barranquillero merece antes una coordinación institucional entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente. El Gobierno nacional mantiene una búsqueda de paz con resultados. Esa tregua no es un cheque en blanco: los cabecillas deberán entregar resultados concretos y verificables en el desescalamiento de la violencia. La prioridad es una sola: proteger a la ciudadanía, una búsqueda de paz con resultados y cero contemplaciones con quienes sigan sembrando miedo en Barranquilla.
