Más de $40 mil millones deberá pagar el Estado por reposición de votos de consultas interpartidistas

Las consultas interpartidistas realizadas el pasado 8 de marzo en Colombia no solo definieron a varios aspirantes presidenciales, sino que también generarán un fuerte impacto en las finanzas públicas. El gobierno del presidente Gustavo Petro deberá asumir el pago de la reposición de votos a los candidatos que participaron en estas elecciones internas, un mecanismo de financiación estatal que devuelve recursos por cada voto válido obtenido en las urnas.
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Según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral de Colombia, para las consultas de este año se fijó un valor de 8.287 pesos por cada voto válido, recursos que serán entregados a los partidos y movimientos políticos una vez presenten sus cuentas de campaña y cumplan con los requisitos legales. Este sistema busca equilibrar la competencia política y garantizar cierta financiación pública en los procesos electorales.
Entre los principales beneficiarios se encuentran los ganadores de las consultas: Paloma Valencia, Claudia López, Roy Barreras y Juan Daniel Oviedo, quienes obtuvieron las mayores votaciones dentro de sus respectivas coaliciones. En el caso de Paloma Valencia, quien superó los 3,2 millones de votos, la reposición podría superar los 26 mil millones de pesos, convirtiéndose en una de las cifras más altas de la jornada electoral.
Otros aspirantes también recibirán importantes recursos. Juan Daniel Oviedo, con cerca de 1,2 millones de votos, obtendría alrededor de 10 mil millones de pesos, mientras que Claudia López, con cerca de 456 mil sufragios, recibiría aproximadamente 3.700 millones de pesos. En el caso de Roy Barreras, la cifra final dependerá del consolidado definitivo del escrutinio que adelantan las autoridades electorales.
En total, la suma de reposición de votos para todos los candidatos que participaron en las consultas interpartidistas podría superar los 40 mil millones de pesos, recursos que saldrán del presupuesto nacional. Mientras se completan los escrutinios, el debate político ya se abre en el país sobre el alto costo que representan estos procesos electorales para el Estado.





