Contraloría abre indagación preliminar por millonaria contratación del CNE para las elecciones de 2026
La Contraloría General de la República ordenó una indagación preliminar para determinar posibles irregularidades en la contratación realizada por el Consejo Nacional Electoral -CNE- con la Unión Temporal Actores Electorales 2026, destinada a apoyar diferentes actividades relacionadas con los procesos electorales de 2026.
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La actuación del organismo de control busca establecer si existieron anomalías en la ejecución de contratos relacionados con componentes como herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación para testigos electorales. El contrato, suscrito por el CNE con la Unión Temporal Actores Electorales 2026, tuvo un valor estimado de $384.266 millones y contempló servicios integrales para la gestión y acreditación de actores electorales.
De acuerdo con la información conocida, la Unión Temporal Actores Electorales 2026 está integrada por LinkTIC S.A.S., con una participación del 95 %, y BexTechnology, con el 5 %. La contratación tuvo como propósito apoyar la postulación, acreditación y validación de testigos electorales, observadores y auditores de sistemas, además de brindar soporte tecnológico para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.
La Contraloría aclaró que la apertura de la indagación preliminar no constituye una declaración de responsabilidad contra el CNE, sus funcionarios o los contratistas. El objetivo inicial es recopilar y analizar información, revisar documentos y establecer si pudieron presentarse hechos que eventualmente comprometan recursos públicos o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El organismo de control señaló que, dentro de sus competencias, podrá requerir y examinar documentos, informes y otros elementos relacionados con la contratación. Una vez concluida la etapa de investigación, la Contraloría indicó que informará sobre los resultados y las determinaciones que correspondan, en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos destinados a garantizar el desarrollo de las elecciones de 2026.
