Por fallo judicial más de $84 mil millones deberán volver a los municipios y ser destinados a seguridad vial
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Federación Colombiana de Municipios devolver $84.752 millones a las administraciones distritales, recursos que deberán ser destinados prioritariamente a programas y proyectos de seguridad vial. A esta suma se adicionan los rendimientos financieros acumulados, que superan los $3.000 millones, elevando el monto a más de $87.000 millones.
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La decisión judicial despeja además una de las principales dudas que surgieron tras conocerse la querella: inicialmente se presumía que los dineros tendrían que ser devueltos a los conductores que habían pagado las multas. Sin embargo, el fallo establece que los recursos deberán regresar a las administraciones distritales para ser invertidos en acciones encaminadas a reducir la accidentalidad y mejorar la seguridad de quienes utilizan las vías.
Entre las prioridades fijadas se encuentran los programas de prevención y educación vial, la modernización tecnológica de los sistemas de control y monitoreo del tráfico, así como la señalización y el mantenimiento de corredores viales considerados de alta accidentalidad. También deberán contemplarse proyectos de mitigación dirigidos a usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas.
Para garantizar que los recursos sean manejados de acuerdo con lo ordenado por la justicia, el Tribunal dispuso la creación de un comité de seguimiento, integrado por representantes de Bogotá, la Federación Colombiana de Municipios, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Este organismo deberá vigilar la correcta distribución y ejecución de los dineros.
De esta manera, los más de $87.000 millones, incluidos los rendimientos financieros, no terminarán directamente en los bolsillos de los conductores que pagaron las multas, como inicialmente se llegó a considerar, sino que deberán convertirse en inversiones para prevenir siniestros viales, mejorar la infraestructura y fortalecer los mecanismos de control del tránsito en los municipios y distritos beneficiarios.
