El ex senador Eduardo Pulgar niega vínculos con presunto desfalco en Bomberos y con el alcalde de Usiacurí
El exsenador Eduardo Pulgar rechazó tajantemente las versiones que pretenden vincularlo con un presunto desfalco cercano a los $60.000 millones en la Dirección Nacional de Bomberos, al asegurar que no tuvo participación en contratación ni manejó cuotas burocráticas durante el anterior Gobierno. Pulgar se refirió al tema durante una entrevista con Atlántico en Noticias, en la que negó cualquier relación con los hechos que son objeto de cuestionamientos.
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Pulgar aseguró que durante el Gobierno de Gustavo Petro no tuvo burocracia ni participación en procesos de contratación, por lo que pidió que se investigue de manera integral el origen de las versiones que lo relacionan con el caso. El exsenador también tomó distancia de las actuaciones que puedan atribuirse a otros dirigentes y, en particular, pidió no asociarlo con el alcalde de Usiacurí.
Ante la gravedad de los señalamientos, el excongresista invitó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General a adelantar las investigaciones que consideren necesarias para establecer responsabilidades y esclarecer el destino de los recursos. “Que investiguen”, fue, en esencia, el planteamiento de Pulgar frente a las versiones que circulan sobre la Dirección Nacional de Bomberos.
Durante la entrevista, Pulgar también lanzó cuestionamientos sobre el funcionamiento de algunas IPS que operan en el país y particularmente en Soledad, y pidió al presidente Abelardo De La Espriella poner la lupa sobre este sector. Según afirmó, existirían instituciones que estarían recibiendo entre $2.000 y $3.000 millones mensuales por la prestación de servicios que, de acuerdo con su denuncia, no estarían siendo efectivamente suministrados.
Finalmente, el exsenador se refirió a la situación financiera y administrativa de Soledad, municipio del Atlántico, al sostener que “se lo robaron hace rato” y relacionar esta situación con su permanencia bajo el régimen de la Ley 550, mecanismo de reestructuración de pasivos para entidades territoriales. Sus declaraciones abren nuevamente el debate sobre el manejo de los recursos públicos y la necesidad de que los organismos de control determinen si existen responsabilidades en los hechos denunciados.
