Gobierno reconoce error de trámite en el Presupuesto 2027; iniciativa quedaría en manos del Ejecutivo
El Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en medio de una controversia jurídica luego de que se detectara una presunta irregularidad en el procedimiento de aprobación en el Congreso de la República. La situación obligaría al Gobierno nacional a expedir el presupuesto mediante decreto, tras vencer el plazo legal para completar su trámite legislativo.
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El inconveniente estaría relacionado con el artículo 65 del proyecto, cuyo texto habría sido aprobado en condiciones diferentes por el Senado y la Cámara de Representantes. Mientras en la plenaria del Senado no figura una proposición para modificar ese artículo, en la Cámara se habría incorporado una modificación sin que posteriormente se surtiera el correspondiente trámite de conciliación entre las dos corporaciones.
La diferencia fue advertida por la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, y posteriormente la Secretaría General del Senado confirmó que en el registro oficial de proposiciones aprobadas no aparece ninguna modificación al artículo 65. El hecho abrió interrogantes sobre la validez del procedimiento adelantado para aprobar la iniciativa.
El presupuesto, que asciende a $634,9 billones, había recibido el respaldo mayoritario de ambas cámaras durante las sesiones realizadas en la recta final del plazo legal. Sin embargo, la controversia sobre el trámite podría impedir que el texto aprobado sea sancionado como ley en los términos previstos inicialmente.
Ante este escenario, el Ejecutivo tendría que acudir a la expedición por decreto, mecanismo contemplado en el artículo 348 de la Constitución Política cuando el Congreso no expide oportunamente el presupuesto. La discusión se centra ahora en determinar cuál texto puede adoptarse legalmente y cuáles serán sus efectos sobre la distribución de los recursos públicos para la vigencia fiscal de 2027.
La situación abre un nuevo capítulo en el debate sobre la responsabilidad de las corporaciones legislativas y del Gobierno en la revisión de los textos aprobados, en un momento en que las decisiones presupuestales resultan determinantes para la financiación de los programas estatales y la inversión pública.
