EE. UU. le retiró la visa a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña alcalde de Sincelejo y cinco congresistas y excongresistas
Una nueva controversia en el escenario político colombiano surge tras la divulgación de una lista que señala a siete colombianos entre las 21 personas a quienes, según la información difundida, el Departamento de Estado de Estados Unidos les habría retirado la visa para ingresar a ese país. Entre los nombres mencionados figuran el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán y el alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales.
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- EE. UU. le retiró la visa a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña alcalde de Sincelejo y cinco congresistas y excongresistas
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La relación también incluye a Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exrepresentante a la Cámara; Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara; el exsenador Julio Elías Chagüi Flórez; la exsenadora Liliana Esther Bitar Castilla, y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.
La información ubica la presunta decisión dentro de la política estadounidense dirigida a combatir la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental. Sin embargo, hasta el momento, la documentación oficial consultada no permite confirmar que estos siete nombres hagan parte de una nueva resolución de revocatoria de visas. Por ello, se requiere una verificación adicional antes de atribuir formalmente la medida al Gobierno estadounidense.
El asunto adquiere relevancia por los cargos públicos y la trayectoria política de las personas mencionadas, así como por las posibles repercusiones diplomáticas y políticas que tendría una decisión de esta naturaleza. No obstante, la revocatoria de una visa es una medida migratoria y, por sí sola, no constituye una declaración judicial de culpabilidad ni demuestra la comisión de un delito.
El Departamento de Estado anunció el pasado 28 de septiembre una política de restricciones migratorias contra ciudadanos de varios países de la región, incluidos Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, bajo argumentos relacionados con la corrupción y el narcotráfico. En el caso colombiano, el comunicado oficial de esa fecha identificó al empresario Euclides Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú como afectados por la medida.
