Senador Pulgar pide investigar presuntas irregularidades en 148 contratos de Fontur por más de $125.000 millones
El senador de la República por el partido Liberal Yesid Enrique Pulgar Daza solicitó a los organismos de control investigar presuntas irregularidades en la contratación del Fondo Nacional de Turismo -Fontur-, luego de dejar constancia ante la plenaria del Senado sobre las denuncias formuladas públicamente por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. Según lo denunciado por el jefe de esa cartera, se habrían suscrito 148 contratos por más de $125.000 millones en apenas cuatro días antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías, con posibles anomalías en requisitos legales, soportes, fechas y firmas de los documentos contractuales.
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Yesid Enrique Pulgar Daza, Senador de la República, dejo constancia ante la Plenaria del Senado por los presuntos hechos de corrupción, denunciados públicamente por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. Las evidencias presentadas exigen una respuesta inmediata, rigurosa y transparente por parte de los organismos de control.
Según la denuncia del Ministerio, se habrían suscrito 148 contratos por un valor superior a los 125.000 millones de pesos en el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) durante un período de tan solo cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Resulta sumamente alarmante que más de 100.000 millones de pesos se hayan comprometido en apenas dos jornadas, evidenciando una concentración de recursos que amerita una rigurosa fiscalización.
Lo más grave de este escenario no es únicamente la inusual celeridad ni el volumen de los recursos, sino los hallazgos descritos por la cartera de Comercio, que señalan presuntos incumplimientos de los requisitos legales, así como posibles falsedades en soportes, fechas y firmas de la documentación contractual.
Los recursos públicos de los colombianos son sagrados. Ante la gravedad de estas presuntas anomalías, hago un llamado enérgico a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que adelanten, de manera prioritaria y con total celeridad, las investigaciones correspondientes. Es un imperativo ético y legal que se esclarezca el destino de estos fondos, se den las explicaciones que el país merece y se establezcan de manera clara las responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias a las que haya lugar.
