Consejo de Estado admitió demanda de pérdida de investidura contra el senador Agmeth Escaf

El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura contra el senador del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, por presuntas actuaciones relacionadas con tráfico de influencias durante su paso por la Cámara de Representantes.
ES NOTICIA HOY:
La acción fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control), quien solicita que se investigue si el congresista incurrió en la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.
El proceso tiene como antecedente las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de la entonces primera dama Verónica Alcocer, en una entrevista concedida a la revista SEMANA, en la que mencionó a Agmeth Escaf y a Mario Fernández Alcocer como personas que presuntamente habrían tenido injerencia en nombramientos y decisiones administrativas de diferentes entidades estatales.
Entre los organismos mencionados figuran el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y ProColombia.
Ferrer hizo referencia, entre otros asuntos, a la salida de Concepción Baracaldo de la dirección del ICBF, movimientos administrativos en el DAPRE y presuntas presiones contra Carmen Caballero, quien estuvo al frente de ProColombia.
Estas afirmaciones fueron incorporadas como fundamento de la demanda, pero deberán ser examinadas y contrastadas dentro del proceso judicial.
Dentro de las pretensiones, Calderón España solicitó que Eva Ferrer sea citada a declarar ante el alto tribunal para que ratifique y amplíe sus afirmaciones. También pidió incorporar la entrevista periodística como material probatorio y recibir testimonios de antiguas directivas de las entidades mencionadas.
Adicionalmente, solicitó información oficial a diferentes organismos del Estado y pidió la suspensión provisional del congresista mientras avanza la actuación judicial.
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado da inicio al trámite judicial correspondiente y deberá evaluar los argumentos, las pruebas y las explicaciones de las partes antes de adoptar una decisión.
Es importante precisar que la admisión no significa que Agmeth Escaf haya sido declarado responsable de tráfico de influencias ni que haya perdido su investidura. Se trata de una actuación judicial en curso.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio las denuncias sobre presuntas interferencias en entidades públicas durante la administración de Gustavo Petro, controversia que ahora tendrá que ser examinada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.






