¡SIN IVA A LA CANASTA FAMILIAR!
Por Mauricio Gómez Amín
Senador de la República
La razón del déficit fiscal de Colombia que podría alcanzar el 8,2% del PIB este año y el 5% en 2020 es de conocimiento común: la emergencia económica y sanitaria que ha ocasionado el nuevo coronavirus y que nos ha mantenido en confinamiento nacional cerca de cuatro meses, reduciendo de manera considerable la productividad y el consumo. Para responder a este crecimiento de la deuda, el Gobierno anunció que Colombia requerirá de una nueva reforma fiscal, una vez se supere la pandemia, con la que se buscará un recaudo superior a los 20 billones de pesos. Con la decisión se abrió el debate con propuestas de analistas y expertos en la materia como las que lanzó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). Una de estas fue gravar con la tarifa del 19% la canasta familiar en su totalidad. ¡Inaceptable!
Siendo conscientes de la coyuntura actual, resulta inconcebible e indolente la posibilidad de aplicar este impuesto al bolsillo de los ciudadanos. Imponer IVA a productos como la leche, los huevos, la carne, el pollo, entre otros, que actualmente están exentos del tributo, es desconocer la realidad de miles de familias que en este tiempo han visto reducido sus ingresos por falta de empleo, priorizan su dinero en la compra de alimentos, medicamentos, arriendos y servicios públicos. Sería ilógico sumarle una carga más a sus gastos básicos en el tiempo en que apenas estarán viendo una recuperación paulatina en su economía.
En caso tal de ser respaldada por el Gobierno nacional, anuncio que este no contará con mi voto ni con el apoyo del Partido Liberal para aumentar los impuestos a la clase media y a los más pobres del país. Sería un golpe directo para todos. Buscar un avance económico de la Nación poniéndole IVA a los alimentos es lo más regresivo que se puede hacer, en estos meses hemos visto colombianos desesperados por llevar algo de dinero a su casa y por sobrevivir con los compromisos mensuales para producirles otro dolor de cabeza como este.
De ninguna manera podemos pensar en progreso si se aplica la medida. Aunque son diversas variables las que se estudian a la hora de formular un cambio en nuestro sistema tributario, considero que uno de los más importantes a tener en cuenta por la crisis que afrontamos es el nivel de desempleo que viene en aumento porque buena parte del tejido productivo del país permaneció cerrado. Según el DANE, la tasa de desempleo en mayo fue de 21,4%, es decir, un incremento de 2,1 millones de personas frente al mismo de 2019 (10,5%). Y el personal ocupado en mayo pasó de 22,1 millones a 17,2 millones (una disminución de 4,9 millones). Cifras históricas y realmente preocupantes.
Por el contrario, hay que contemplar estrategias que oxigenen la economía de los ciudadanos como, por ejemplo, la propuesta que promueve mecanismos de acceso efectivo a los procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes, que varios congresistas del Partido Liberal presentamos al presidente de la República, Iván Duque, impulsados por la actual coyuntura. La finalidad principal es entregarles una mejoría en el proceso de insolvencia permitiéndoles afrontar sus pasivos y manutención para su recuperación en el menor tiempo posible, a través de herramientas que faciliten un trámite ágil e idóneo como la disminución del 50% al 30% en el monto de las obligaciones afectadas por la cesación de pago y la celeridad del proceso en máximo 40 días (actualmente el artículo 544 del Código General del Proceso -CGP- establece un máximo de 60 días), entre otros.
Reiteramos que el Gobierno, de cara al trámite de la reforma fiscal que podría darse entre finales del próximo año y comienzos de 2022, descarte totalmente cualquier gravamen a productos básicos para los hogares. No desconocemos el gran reto que tiene el Ejecutivo en responder a la deuda del país que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, representará cerca del 63% del PIB al concluir este año debido a las inversiones realizadas para atender la emergencia sanitaria.
