Allanamiento a hotel y centro de eventos en el Atlántico por conexión ilegal a la red de Electricaribe
Con la presencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se realizó un allanamiento al establecimiento “Shalom Hostal Spa” con el fin de constatar la supuesta comisión del delito de defraudación de fluidos por conexión ilegal al servicio de energía eléctrica.
El operativo, fue encabezado por Electricaribe, la Fiscalía General de la Nación, la Sijin y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional, seccional Atlántico. En su desarrollo se confirmó la existencia de una gran infraestructura eléctrica que operaba ilegalmente.
Se encontró un transformador de 112,5 KVA de potencia conectado a la red de Electricaribe en el municipio de Palmar de Varela. Con esta capacidad, se estima que la facturación mensual sería superior a los 4 millones de pesos.
La superintendente, Natasha Avendaño García, confirmó que, “Pese a contar con el servicio de energía, el establecimiento no está formalizado como cliente de Electricaribe. El lugar cuenta con más de 30 habitaciones, más de 40 aires acondicionados, un auditorio para eventos con capacidad para 200 personas, y sólo pagaba 130 mil pesos de energía al mes. Este valor se incluía en el consumo totalizado a la comunidad del barrio San Jorge, en subnormalidad, en Ponedera (Atlántico), vulnerando así los derechos de los usuarios quienes desconocían que estaban pagando el consumo de energía del predio”.
El allanamiento tuvo como fin inspeccionar, recolectar material probatorio y desmantelar la conexión ilegal. Se realizó a solicitud de Electricaribe, en respuesta a denuncias de la ciudadanía y ante la negativa de los dueños del establecimiento para formalizarse como usuario de la empresa. Durante el procedimiento fue capturado el administrador del hostal.
Frente a este caso, y ante el próximo ingreso de los nuevos operadores del servicio de energía en el Caribe, la superintendencia invitó a la comunidad y autoridades locales a seguir denunciando el robo de energía y otras prácticas ilegales que afectan la prestación del servicio y los intereses de los usuarios.
