Hambre y guerra: el legado de Duque en materia de Derechos Humanos
“El exterminio del liderazgo social ha alcanzado el nivel de un verdadero genocidio continuado, vigente e impune, y constituye una de las expresiones más dramáticas del actuar del gobierno de Duque en contra del proceso de paz”. Esta es una de las principales conclusiones del informe “Hambre y guerra: el legado del aprendiz” que presenta la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (Alianza).
El informe muestra el análisis en seis dimensiones desde una perspectiva de los DD.HH. como: crisis socioeconómica y humanitaria; impacto del actual gobierno en la democracia; implementación del Acuerdo de Paz; seguridad de líderes y lideresas sociales; las relaciones internacionales y; las prioridades de la agenda de derechos humanos en el país.
En lo que respecta al asesinato de líderes y lideresas sociales pasó de 116 víctimas en el año 2016 a 171 en el 2021 (Indepaz, 2016 y 2022) y en lo corrido del año, la situación se agravó con 81 nuevos líderes(as) asesinados, incluso, según Indepaz se alcanza la aterradora cifra de 310 líderes(as) asesinados solo durante el año 2020.
Al hablar de masacres, se pasan de 9 en 2016 a 33 en 2020 (datos del Ministerio de Defensa) y de acuerdo con Naciones Unidas, en 2021 se habían verificado 78 masacres y otras estaban en proceso de verificación. De este modo, según datos de MinDefensa, se pasó de 12.298 homicidios en el 2017 a 14.159 en el año 2021, un incremento de más de 1.800 homicidios en estos cinco años, con lo que el gobierno ha profundizado el hambre, la guerra, la desigualdad y las violaciones a los Derechos Humanos.
A lo largo del Proceso de Paz las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 10.943 en 2016 a 73.974 víctimas en 2021, lo que implica un incremento del 675%, según datos oficiales recogidos por la agencia humanitaria de Naciones Unidas (Ocha, 2022). Con ello, el año pasado el país se ubicó nuevamente como el tercero con más desplazados en el mundo, después de Siria y la República Democrática del Congo, según reciente informe del Observatorio de los Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) y el Centro Noruego para los Refugiados (NRC).
El incumplimiento del Acuerdo de Paz
“La responsabilidad de la crisis humanitaria y la reactivación de la guerra es del Gobierno de Duque por no cumplir los compromisos asumidos por el Estado con el Acuerdo de Paz para poner fin a la violencia; temas como desmontar el paramilitarismo, reformar los organismos de seguridad y dar garantías al libre ejercicio y la no represión violenta de la protesta social, son sin duda temas en los que este gobierno fracasó”: asegura el informe.
Sobre la reactivación conflicto armado, el asesinato sistemático de excombatientes de las Farc que firmaron la paz y confiaron que el Gobierno iba a cumplir el compromiso de respetarles su vida, es uno de los más lamentables impactos de la reactivación de las dinámicas de guerra. En los cinco primeros meses del 2022 fueron asesinados 21 excombatientes en estado de indefensión, con lo que el genocidio impune contra este grupo alcanza ya los 320 asesinatos, en tanto que 89 han sido objetos de intento de asesinato, y 27 han sido víctimas de desaparición (ONU, 2022).
Por otra parte, el reclutamiento forzado aumentó de manera alarmante puesto que el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz registró 242 hechos de vinculación de menores de edad con grupos armados entre el 1 de diciembre de 2016 y el 9 de marzo de 2022. Por ello, es claro que, sobre el Estado colombiano, y en especial sobre el Gobierno de Iván Duque, recaen gran parte de la responsabilidad por la reactivación de la guerra y la crisis humanitaria que hoy vive el país.
El inconformismo ciudadano que venía manifestando en los últimos años tuvo un estallido en 2021 con la protesta social que fue respondida con agresión desde todo punto de vista y según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en la represión de la protesta se hizo “uso de la fuerza de manera excesiva e indiscriminada”.
Según el informe, al menos 44 civiles murieron, 28 de los cuales, por acción de presuntos perpetradores miembros de la Fuerza Pública, y 10 víctimas de actores no estatales (OACNUDH 2021). Un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó durante el paro de 2021 la aparición de “grupos de civiles armados que reivindican prácticas de autodefensa o paramilitarismo en por lo menos veintisiete ciudades de Colombia” (JEP-UIA, 2021).
El aumento del hambre y la pobreza
Según el informe de las plataformas de derechos Humanos en Colombia durante la crisis sanitaria se redujeron el empleo en un 11 %, el ingreso medio por persona en el 13,4 %; y aumentaron el coeficiente de Gini (4,3 %), la pobreza (8,1%) y la pobreza extrema (6,4 %). Las cifras indican que los trabajadores informales perdieron el doble de los empleos de los formales.
En el año 2020 la caída del empleo de las mujeres junto al desempleo juvenil fue abismal, hasta generar que un aumento de 2’813.187 en situación de pobreza monetaria, y de 2’150.881 personas en situación de miseria; la población vulnerable al empobrecimiento se mantiene alrededor de los quince millones, y el Gobierno incumplió con las metas del plan de desarrollo en materia social. Así, nuestro país se consolidó como uno de los más desiguales de la región de Latinoamérica y el tercero en la Ocde.
De igual manera, siguen siendo preocupantes las posibilidades de adquisición de alimentos y servicios básicos por parte de los más necesitados, debido a la inflación que creció un 9,23% respecto al 2021. De la misma manera la crisis social una Colombia ahogada por el hambre, pues el 54.2% de los hogares padecen de inseguridad alimentaria.
