Gestión financiera de la Gobernación del Atlántico es reconocida como la mejor de los entes territoriales del país

De acuerdo con el nuevo Índice de Desempeño Fiscal publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la gestión financiera de la Gobernación del Atlántico se destacó como la mejor de los entes territoriales del país. El estudio resaltó la sostenibilidad financiera a la luz de la viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos propios, el endeudamiento y los niveles de inversión de la administración departamental.

“Con este gran reconocimiento por parte del DNP, seguimos ratificando nuestro compromiso con la gente y nos da una inmensa satisfacción darles estas importantes noticias a todos los atlanticenses, que hoy se pueden sentir orgullosos del excelente manejo de las finanzas públicas del departamento. Así damos la confianza para maximizar las inversiones en los diferentes sectores del Atlántico”, dijo la gobernadora, Elsa Noguera.

Para el año 2021, el departamento del Atlántico tuvo una evolución positiva, obteniendo un puntaje de 75,97 que lo ubicó en el primer lugar en la categoría Primera y en el primer lugar por puntajes en la clasificación general, por encima de departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Cauca, que son categoría especial.

“Estamos muy orgullosos de contarles que, de los 32 departamentos de país, solo hay tres que tienen el índice de sostenibilidad de gestión financiera, y el Atlántico lidera ese ranking. Aunque sufrimos las consecuencias de la pandemia, logramos sobreponernos de manera significativa y, gracias a una pronta y efectiva reactivación económica, hubo un aumento en los ingresos de los sectores más importantes del departamento”, puntualizó el secretario de Hacienda, Juan Camilo Jácome.

Cabe resaltar que para el 2020, año del inicio de la pandemia, el departamento obtuvo un puntaje de 65,27, ubicándose segundo en la categoría Primera, y en el sexto lugar por puntajes en la clasificación general. El desempeño fiscal es una medición utilizada por el Gobierno y los gobiernos municipales y departamentales para hacer seguimiento tanto a ingresos y gastos de las entidades territoriales, como a su sostenibilidad financiera.