Priorizar la atención y reparación a víctimas del conflicto armado piden Órganos de Control al Gobierno Nacional
La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los Representantes de los Pueblos Étnicos solicitan al Gobierno Nacional priorizar la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en los territorios.
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 de 2011 señala que los recursos destinados en los últimos diez años a la Política Pública de Víctimas por $146 billones han resultado insuficientes para asistir, atender y reparar a las más de nueve millones de víctimas reconocidas en el país.
Aunque el Gobierno Nacional tiene proyectado una inversión de $142 billones para los próximos diez años (Conpes 4031 de 2021), estos recursos continúan siendo insuficientes, y se requeriría un presupuesto aproximado a 2031 de $301 billones para garantizar a las víctimas una reparación integral.
En la misma vía, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes Étnicos afirma que los $1.7 billones ejecutados en los últimos cinco años resultan insuficientes para la reparación de las víctimas individuales y colectivas de los pueblos étnicos, resaltando con preocupación que solo el 1% del presupuesto para víctimas indígenas se dirige a las medidas de protección y prevención, y para los pueblos negros y afrocolombianos no se evidencian recursos para estas medidas.
En tanto, el presupuesto general para pueblos étnicos se incrementó entre 2020 y 2021 en 53%, el orientado específicamente a las víctimas de estas comunidades se redujo en 23%. Se requerirían aproximadamente $3,4 billones para la atención psicosocial, la indemnización colectiva, la implementación de los planes de reparación y el retorno y reubicación de víctimas étnicas.
El informe señala que desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, solo se han indemnizado el 12% de la población quedando pendientes 8.813.711 millones de víctimas. En cuanto a la indemnización colectiva de los pueblos étnicos, se resalta que pese a las inversiones de $19 mil millones en los últimos diez años, solo se ha logrado indemnizar a 12% de las comunidades indígenas y al 9% de las comunidades afrocolombianas.
Se recomienda aumentar la oferta de vivienda digna para los hogares de víctimas de desplazamiento forzado, pues se ha identificado que más del 80% de estas no gozan del derecho. Frente a proyectos de vivienda urbana, desarrollados entre 2012 y 2021, se encontró un rezago en la entrega de 14.010 viviendas urbanas, y para vivienda rural un atraso de 21.599 sin terminar.
En cuanto al enfoque de género, se reconocen avances en las acciones adelantadas para la implementación del Programa de Prevención de las Violencias Sexuales en el Conflicto Armado. Sin embargo, se identifican barreras en esta materia, pues las metas anuales planteadas en los indicadores del Gobierno resultan insuficientes para la reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto y para el cierre de brechas de género.
En materia de acceso a la salud, el informe señala que 107.779 mujeres víctimas, de un total de 4.528.287, han recibido atención psicosocial, y enfatiza que se debe fortalecer la cobertura en la atención en salud física de hombres, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD).
Así mismo, se reconocen los esfuerzos para retomar el funcionamiento presencial de los 35 Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV). Sin embargo, se hace un llamado a las autoridades territoriales para que garanticen condiciones dignas para la atención a la población víctima, dado que persisten daños en la infraestructura y falta de mantenimiento en algunos casos
Finalmente, resalta que en este informe se incluye un capítulo nuevo que da cuenta de manera exclusiva de la perspectiva y experiencia de las víctimas frente a la ejecución de la política pública. Una visión participativa, crítica, propositiva, con perspectiva territorial para fortalecer, mejorar y redireccionar las acciones del Estado en aras de garantizar la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
