El magistrado del CNE, César Lorduy, pidió protección a la UNP revisar el tema de seguridad de los togados del alto tribunal
*Sólo dos togados Álvaro Hernán Prada y Alfonso Campo, cuentan con un esquema de seguridad.
Por JAVIER DE LA HOZ LUNA
Preocupado por su seguridad y la de sus compañeros en el Consejo Nacional Electoral, el magistrado César Loduy, envió una carta a la Unidad Nacional de Protección para pedir que se revise cuanto antes el tema teniendo en cuenta que estamos frente a un año electoral donde quienes han parte del Aalto tribunal deberán recorrer el país para adelantar las investigaciones pertinentes propias del proceso electoral que culminará el próximo 29 de octubre cuando se elija las autoridades regionales en el territorio nacional.
Lorduy, solicitó en su misiva enviada a Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, aplicar el Artículo 264 de nuestra Carta Magna que en uno de sus apartes dice textualmente «Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia».
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Es decir que los nueve miembros del Consejo Nacional deben ser incluidos por Unidad Nacional de Protección, para brindarle la seguridad que tienen los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el ejercicio de sus funciones.
Hasta el momento la Unidad no le ha dado cumplimiento a este articulo de la Constitución.
Se conoció que de los 9 magistrados actuales del Consejo Nacional Electoral sólo dos están protegidos por la Unidad de Protección Álvaro Hernán Prada y Alfonso Campo, uno fue congresista del Centro Democrático y otro estuvo en la UNP.
El magistrado Lorduy, hizo un llamado al director de la Unidad, Rodriguez Ballesteros en los siguientes términos: “le solicito que, en función del cargo que desempeño y sin mayor requisito que el establecido en la Constitución, me sea establecido un esquema de protección que dependerá en mayor o menor medida, claro está, del nivel de riesgo que pudiera tener debido a las actividades que la Constitución me asigna”.
Entre las investigaciones que adelantan los magistrados del Consejo Nacional Electoral son las denuncias por el delito de transhumancia en el debate electora del 2022.
