Colofón de las elecciones 2023, en el Atlántico

Por JAVIER DE LA HOZ LUNA

La entrega de credenciales a los concejales, ediles, diputados y el gobernador electos en los comicios del pasado 29 de octubre, puso el punto final a un proceso electoral cargado de controversias y sorpresas propias de un debate que busca elegir a las autoridades regionales para un nuevo cuatrienio. Los actores presentaron propuestas, las cuales fueron satanizadas por sus adversarios a través de las redes sociales utilizando «humoristas e influenciados», bajándole el nivel del proceso democrático.

A este lunar negro de las campañas a la Gobernación específicamente se le suma las imposiciones de las autoridades electorales que en esta ocasión limitaron el acceso a la prensa al escrutinio municipal y departamental. Igualmente los abogados de los candidatos se vieron afectados.

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En parte los escrutinios dejaron de ser audiencias públicas para convertirse en privadas, generando la suspicacia de los testigos electorales que querían vigilar sus votos, teniendo en cuenta que el día 29 de octubre ingresaron bolsas, con información electoral, pasadas las 11 de la noche, las cuales fueron depositadas en el Arca Triclave. Los abogados de los partidos políticos y de los candidatos, alegaron que la norma establece que estos no deben ser tenidos en cuenta para los escrutinios. Tal como lo establecen los artículos 144 y 154 del Código Electoral.

Sin embargo, los alegatos no fueron tenidos en cuenta dandole paso a uno de los problemas que puso en evidencia «las falencias del software», para el escrutinio, la prueba más fehaciente de los problemas aritméticos fueron las más de 900 reclamaciones presentadas en los escrutinios municipales, muchas de estas fueron resueltas en la Departamental.

Hay que señalar que las reclamaciones generadas por los resultados de los escrutinios fueron selectivas teniendo en cuenta que siempre afectaba y beneficiaba a los mismo candidatos que mantuvieron la puja por la última curul de Asamblea y Concejo.

Reclamos

Los reclamos fue por causas del error aritmético al comparar las cifras del E:14 y el E: 24 y por las tachaduras y enmendadura en los registros del E:14.

Así mismo, las diferencias del 10% entre candidatos de un mismo partido Las Comisiones Escrutadoras negaban las reclamaciones, al parecer por querer salir de esta maratónica actividad administrativa. Lo que motivó que varios abogados se amotinaran para exigir garantías. Tuvo que intervenir la Procuraduría General de la Nación y exigir a las Comisiones Escrutadoras las garantías para los actores del debate jurídico-administrativo. Luego así, se pudo empezar a revisar y tener en cuenta los reclamos de los abogados al tenor de los artículos electorales 164 (diferencias del 10% y tachaduras) y el articulo 192 -causales 7-11- que fueron las más solicitadas junto con la presentación de saneamientos por vicios de nulidad, debido a que el Software marcaba cero votos para algunos candidatos en el E:24, pero en el E:14 se apreciaba la cifra real. Los jueces atribuyeron eso a un error electrónico y no a un posible fraude. Lo raro es que solo perjudicaba a algunos candidatos siempre.

En Ponedera, las Comisiones escrutadoras renunciaron por amenazas a sus miembros. Con la ayuda del Comandante de la Policía Nacional Atlántico, los Delegados de la Registraduría Luis Vasco y Diego Sepulveda y de miembros de la Procuraduría la Claudia Hernández Delegado ante el Consejo de Estado y el Procurador Judicial Euripides Castro Sanjuan.

Dada la intervención de los delegados de las autoridades se pudo superar este inconveniente, como lo ordena la Ley, la Juez que actuó como Clavero recompuso mediante Resolución motivada, las Comisiones de ese Municipio, logrando que se realizaran los escrutinios allí; dejando constancia de ello en el acta y comunicando la novedad a los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para lo de su competencia.

En Manatí se repite la historia

Nuevamente en Manatí se dio un empate técnico entre dos candidatas, como en los pasados comicios, por lo que se demoró el escrutinio en ese municipio.

De acuerdo a la cronología el primer municipio escrutado fue Piojó. El penúltimo Malambo y, el Distrito de Barranquilla como siempre, fue el último en arribar a los escrutinios generales del Departamento, con gran cantidad de recursos.

Es de anotar que hubo una puja por el ultimo escaño en el Concejo de Barranquilla entre Leyton Barrios Gómez, actual presidente del Concejo y María Henríquez del Partido Cambio Radical. También en la Asamblea del Atlántico entre Lourdes López del partido Liberal vs Roberto Rodriguez de la lista de Cambio Radical. Al final los ganadores a María Henríquez y a Lourdes López.

Se pudo observar también, que los jueces no cambiaron su percepción en cuanto a la actividad administrativa temporal, confundiéndola con sus funciones Judiciales en sus despachos. Así mismo, el desconocimiento que hicieron todas las comisiones de escrutinios sobre lo ordenado en el articulo 193 Electoral, en lo que comporta a las reclamaciones por primera vez. Confundiendo, además, lo que era un auto de trámite con una decisión que como todo acto administrativo le cabe los recursos de ley. Y, por último, en veces no respondían por escrito algunas peticiones.

Controversias jurídicas

Luego de alguna controversia jurídica que alzó revuelo político por la presentación de una solicitud para que no fuera entregada la curul de oposición al ex candidato a la gobernación del Atlántico, Alfredo Varela, quien ocupó el 2° lugar en la disputa por la Gobernación del Atlántico, por considerar el abogado Fernando Torrecillas que la aceptación había sido entregada extemporáneamente. Al final fue entregada la curul 14 de Asamblea por parte de las delegadas del CNE a Varela, toda vez que éste se ratificó dentro de las 24 horas siguientes, inmediatamente supo de la presentación de dicha solicitud después de la Declaración de Elección.

Vimos un solo lunar en esta fase, toda vez que, por primera vez, de manera inexplicable, un escrutinio público se hace excluyente, casi secreto y clandestino en la Comisión Escrutadora Departamental, porque no siendo esta una audiencia privada, por parte de la Registraduría se limitó, se restringió el ingreso de periodistas, de los abogados de los candidatos y del público en general, alegando cuestiones de inseguridad -que no las hubo- para los miembros de dicha comisión escrutadora. El día de la entrega de credenciales también, se negó el acceso y la entrada a los abogados apoderados de los candidatos elegidos y además, solo se colocaron 25 sillas para los candidatos junto a dos de sus familiares, que terminaron de ser insuficientes.

Podemos afirmar que el acompañamiento del Ministerio Público fue muy importante al momento de brindar garantías a los actores electorales, quienes, junto con la Registraduría del Departamento del Atlántico, colaboraron arduamente para evitar situaciones de orden público que pudiesen lamentarse durante los escrutinios zonales, municipales y departamentales. Es un hecho notorio que todos los candidatos elegidos lo reconocieron, y además coincidieron en afirmar que se sentían tranquilos al saber que el Procurador delegado Eurípides Castro, era prenda de garantías y transparencia en los Escrutinios Generales realizados en la Plaza de la Paz.