Admiten demanda de senador Mauricio Gómez contra cobro de valorización en vías Barranquilla-Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad
La Corte Constitucional ha admitido la demanda presentada por el senador Mauricio Gómez Amín contra el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023. Esta admisión marca un avance en la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos que habitan en Barranquilla, Puerto Colombia, Cartagena, Santa Catalina, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará,Soledad, Galapa y Malambo en los Departamentos de Atlántico y Bolívar por el cobro de valorización de la vía Barranquilla- Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad como plan piloto nacional.
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La demanda, presentada por el senador Gómez Amín, cuestiona la constitucionalidad de la disposición que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización “hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto”. Para el senador, esta norma afecta principios fundamentales, como el de irretroactividad, buena fe, confianza legítima y unidad de materia, contenidos en los artículos 83, 158 y 363 de la Constitución.
El senador solicitó también la suspensión provisional de la norma, argumentando que su implementación podría impactar de manera negativa a los ciudadanos. Con la admisión de la demanda, la Corte Constitucional abre la puerta a un análisis detallado de estos temas, así como a la participación de otros actores sociales, académicos y jurídicos en el proceso.
En este contexto, los presidentes de Intergremiales Atlántico y Bolívar han anunciado su apoyo para sacar adelante la demanda, lo que refuerza la importancia en la protección de los derechos de los ciudadanos. Y asimismo, invita a la ciudadanía a coadyuvar o apoyar la demanda para que la Corte Constitucional revise los argumentos de la ciudadanía en
general.
Esta decisión reafirma el compromiso del senador Mauricio Gómez Amín con la protección de los principios constitucionales y los derechos de los ciudadanos, así como con el apoyo a un conjunto de leyes que respete los valores y garantías en la Constitución.
