Artículo de Opinión: Avancemos en la reforma a la justicia, Eduardo Verano de la Rosa
Por Eduardo Verano De la Rosa Gobernador del Atlántico
En el marco del principio de colaboración armónica, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Congreso de la República han unido esfuerzos para promover una reforma al sistema de justicia en Colombia. Este esfuerzo surge como respuesta a las alarmantes estadísticas de impunidad y dificultades administrativas que han obstaculizado el acceso efectivo y ágil a la justicia. Se espera que esta reforma esté lista para abril de 2025 con el objetivo de restaurar la confianza en el sistema judicial.
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A lo largo del siglo XX, Colombia ha intentado implementar diversas reformas judiciales enfocadas en reducir la congestión, la corrupción y la desarticulación del sistema judicial. Sin embargo, los avances han sido limitados. Actualmente, solo el 1.4 % de los casos llega a una etapa de investigación avanzada, lo que refleja la necesidad urgente de una reforma que permita una mayor eficacia y accesibilidad.
El principio de oportunidad, introducido en la legislación penal colombiana a través de la Ley 906 de 2004, permite a la Fiscalía General de la Nación suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en ciertos casos, como estrategia de política criminal para descongestionar el sistema judicial. Según la normativa vigente, este principio puede aplicarse en delitos cuya pena máxima no exceda seis años, siempre que se garantice la reparación integral a las víctimas.
No obstante, existen restricciones significativas para su aplicación en delitos graves como el terrorismo, la financiación del terrorismo y el tráfico de estupefacientes, especialmente cuando se trata de cabecillas o líderes de organizaciones delictivas. La Corte Constitucional enfatiza en la necesidad de que el principio de oportunidad sea compatible con los derechos de las víctimas y los compromisos internacionales de Colombia en materia de derechos humanos.
La reforma propone levantar algunas de las limitaciones legales actuales para negociar penas en casos de extorsión, terrorismo y otros delitos graves con el objetivo de incentivar la colaboración con la justicia a través de la delación y la negociación, acción que conlleva a la reducción de penas a cambio de información valiosa que contribuya a desmantelar estructuras criminales.
Además, propone la implementación de mecanismos de justicia restaurativa, en los que la víctima sea el centro del proceso de negociación para generar una reparación integral del daño y la finalización anticipada de los procesos judiciales. Esto no solo agilizaría la resolución de conflictos, sino fortalecería la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.
La reforma a la justicia en Colombia busca transformar el sistema judicial en uno más ágil, eficaz y cercano a la ciudadanía para reducir índices de impunidad y congestionamiento. Al centrar los esfuerzos en el fortalecimiento del principio de oportunidad y la justicia restaurativa, se espera construir un entorno más confiable para la resolución de conflictos y la protección de los derechos de las víctimas.
El éxito de esta reforma dependerá de la voluntad política y el compromiso de todos los actores involucrados, así como de la implementación efectiva de los cambios propuestos. Solo así se podrá asegurar una justicia que responda a las necesidades del país y contribuya al fortalecimiento del tejido social.
En el marco del principio de colaboración armónica, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Congreso de la República han unido esfuerzos para promover una reforma al sistema de justicia en Colombia. Este esfuerzo surge como respuesta a las alarmantes estadísticas de impunidad y dificultades administrativas que han obstaculizado el acceso efectivo y ágil a la justicia. Se espera que esta reforma esté lista para abril de 2025 con el objetivo de restaurar la confianza en el sistema judicial.
A lo largo del siglo XX, Colombia ha intentado implementar diversas reformas judiciales enfocadas en reducir la congestión, la corrupción y la desarticulación del sistema judicial. Sin embargo, los avances han sido limitados. Actualmente, solo el 1.4 % de los casos llega a una etapa de investigación avanzada, lo que refleja la necesidad urgente de una reforma que permita una mayor eficacia y accesibilidad.
El principio de oportunidad, introducido en la legislación penal colombiana a través de la Ley 906 de 2004, permite a la Fiscalía General de la Nación suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en ciertos casos, como estrategia de política criminal para descongestionar el sistema judicial. Según la normativa vigente, este principio puede aplicarse en delitos cuya pena máxima no exceda seis años, siempre que se garantice la reparación integral a las víctimas.
No obstante, existen restricciones significativas para su aplicación en delitos graves como el terrorismo, la financiación del terrorismo y el tráfico de estupefacientes, especialmente cuando se trata de cabecillas o líderes de organizaciones delictivas. La Corte Constitucional enfatiza en la necesidad de que el principio de oportunidad sea compatible con los derechos de las víctimas y los compromisos internacionales de Colombia en materia de derechos humanos.
La reforma propone levantar algunas de las limitaciones legales actuales para negociar penas en casos de extorsión, terrorismo y otros delitos graves con el objetivo de incentivar la colaboración con la justicia a través de la delación y la negociación, acción que conlleva a la reducción de penas a cambio de información valiosa que contribuya a desmantelar estructuras criminales.
Además, propone la implementación de mecanismos de justicia restaurativa, en los que la víctima sea el centro del proceso de negociación para generar una reparación integral del daño y la finalización anticipada de los procesos judiciales. Esto no solo agilizaría la resolución de conflictos, sino fortalecería la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.
La reforma a la justicia en Colombia busca transformar el sistema judicial en uno más ágil, eficaz y cercano a la ciudadanía para reducir índices de impunidad y congestionamiento. Al centrar los esfuerzos en el fortalecimiento del principio de oportunidad y la justicia restaurativa, se espera construir un entorno más confiable para la resolución de conflictos y la protección de los derechos de las víctimas.
El éxito de esta reforma dependerá de la voluntad política y el compromiso de todos los actores involucrados, así como de la implementación efectiva de los cambios propuestos. Solo así se podrá asegurar una justicia que responda a las necesidades del país y contribuya al fortalecimiento del tejido social.
