Un acto de justicia social con las familias del Atlántico
Estoy tramitando en la Asamblea un proyecto de ordenanza de mi autoría que es un acto de justicia social para más de 100 mil familias de Barranquilla y los otros 22 municipios del Atlántico que no han podido cumplir su sueño de tener casa propia porque, entre otras causas, se lo impide el alto costo de los impuestos para las viviendas de interés social y de interés prioritario.
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Hago un llamado a todos los sectores políticos, sociales y gremiales para que apoyen esta iniciativa, que no es solo una medida tributaria, sino una política de justicia social, que, además, también impulsa el empleo, dinamiza la economía, y le devuelve dignidad a miles de familias.
Esta iniciativa, que está por encima de cualquier consideración política o partidista, establece la exención total en el impuesto de registro y en las estampillas departamentales para quienes accedan a una Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y una reducción del 50% para quienes adquieran Viviendas de Interés Social (VIS).
Este alivio económico beneficiará a las familias que tengan ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales.
Desde este medio reitero lo expresado a mis colegas diputados cuando presenté el proyecto. “Mientras en otros departamentos como Bolívar o Córdoba ya eliminaron muchos de esos cobros, aquí en el Atlántico todavía se paga más que en cualquier otro lugar de la región”.
Camacol, el gremio de la construcción en el Atlántico, ha advertido que el departamento, incluyendo a Barranquilla, experimentó una disminución en las ventas de viviendas de interés social (VIS) desde el 2023.
Una de las causas de esta situación es que son muchos los ciudadanos que, a pesar de conseguir un subsidio del orden nacional o local que les facilite obtener su “techo propio”, al momento de firmar deben afrontar más obstáculos, como son los gastos en impuestos, estampillas y trámites notariales, que encarecen el valor real a pagar por el inmueble.
Este decrecimiento comenzó cuando se eliminó la exención del pago de estampillas pro–desarrollo y pro–hospital mediante la Ordenanza 591 del 28 de febrero de 2023, provocando un incremento inmediato en los gastos notariales —del 48%— encareciendo la escrituración de viviendas nuevas. Eso es necesario corregirlo en beneficio de las familias del Atlántico.
La exención que propongo aplica a todos los actos jurídicos relacionados con la vivienda: compraventa, hipoteca, afectación a vivienda familiar, patrimonio de familia, anotaciones de condiciones legales, entre otros y será por una sola vez por hogar, garantizando un uso responsable y dirigido a quienes realmente lo necesitan.
La vivienda no es solo un techo. Es dignidad, es estabilidad, es futuro, es herencia.
