SIC denuncia amenazas en su contra por investigación sobre contratos de vehículos de la UNP
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, denunció intimidaciones, amenazas y presiones indebidas en su contra que buscarían incidir en las decisiones que su despacho debe tomar con relación a una investigación que se adelanta por los contratos suscritos en la Unidad Nacional de Protección -UNP- sobre vehículos blindados.
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En un video divulgado en las redes sociales de la entidad, la funcionaria advierte puso en conocimiento de la opinión pública “el desarrollo de un conjunto de acciones deliberadas, coordinadas, orientadas a intimidarme e incidir en las decisiones pendientes en las distintas investigaciones que están en curso en la entidad con relación a presuntas conductas de colusión del Servicio de Prestación de Vehículos Blindados a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el presunto incumplimiento de instrucciones en las visitas adelantadas en el marco de esta actuación”.
Rusinque explicó que tuvo conocimiento de la información desde el pasado 13 de noviembre, en presencia de uno de sus asesores, por “un reconocido abogado penalista del país” quien le advirtió “sobre la existencia de una estrategia encaminada a manipular mi capacidad de decisión sobre los pronunciamientos de fondo que están por venir en esa investigación”.
La estrategia en su contra, dijo la funcionaria “hasta ahora se ha ejecutado con notable precisión, y que consistiría en desplegar una serie de ataques coordinados, destinados a proyectar la imagen de una funcionaria que actúa de manera ilegal y arbitraria a través de un asedio jurídico y mediático que incluiría acciones disciplinarias y penales”.
Dijo que con dichas acciones pretenden instrumentalizar el aparato judicial del país para desviar la atención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a las investigaciones en curso “sugiriendo que la Superintendencia de Industria y Comercio carece de competencia para requerir información que reposa en teléfonos móviles, computadores u otros dispositivos que guardan relación con la actividad empresarial de los agentes del mercado que son sujetos a inspección”.
Agregó que, de forma paralela, la estrategia de descrédito mediático busca sembrar dudas sobre la probidad de la investigación y la tesis de insistir “en un proceder ilegítimo y desproporcionado frente a los vinculados al proceso”.
La superintendente asegura frente a una publicación de prensa que “se enfoca de manera malintencionada y exclusiva en exponer la posición de los investigados, así como en resaltar la supuesta ausencia de facultades legales de la SIC para ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control a través de visitas administrativas”.
Incluso, destaca que el artículo de prensa recoge la opinión del exjefe de la SIC, Pablo Felipe Robledo, “que siendo una persona que discrepa profundamente de nuestro proyecto político, haya recordado con contundencia que este asunto fue resuelto hace varios años por la Corte Constitucional, posición que ha sido reiterada por el Consejo de Estado y por los tribunales que han examinado la legalidad de las actuaciones de la SIC en esta materia”.
La superintendente añadió que, de fondo, lo que se pretende es “viciar la capacidad institucional de la SIC, reduciéndola a una entidad de papel carente de eficacia real en la regulación de los mercados”.
“Quiero dejar claro ante la ciudadanía que no cederemos ante las intimidaciones, no lo haremos frente a esta fase del plan que he descrito ni frente a las advertencias adicionales que hemos recibido. La misma fuente que nos informó sobre el desprestigio mediático y el cerco jurídico nos recordó la supuesta cercanía de estas personas con grupos paramilitares y lo que esto significaría”.
Y agrega que se trata de un asunto “de la mayor gravedad” teniendo en cuenta que hace unos meses su esquema de seguridad fue objeto de seguimiento e intento de ataque armado por motocicletas de alto cilindraje con parrillero cerca de su domicilio, situación que fue advertida en dos ocasiones a la UNP.
Rusinque sostuvo que, en un contexto como el colombiano, en el que existen funcionarios dispuestos a cumplir los mandatos constitucionales y legales, ello implica el riesgo de enfrentar “formas de extrema violencia, incluso a través de estructuras criminales capaces de neutralizar, cooptar o paralizar a las instituciones, o desafiar el monopolio legítimo de la fuerza que corresponde al Estado”.
Y concluyó: “Quiero invitar a la ciudadanía a mantenerse alerta, a respaldar a las instituciones, a ejercer un juicio crítico, informado, y a no dejarse confundir por la desinformación” para evitar que la corrupción no tenga cabida, y los mercados estén al servicio de interés general”.
