Senador Alfredo Deluque radica Acción Popular contra el Ministerio de Hacienda por riesgo fiscal
El senador Alfredo Deluque radicó una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El recurso judicial busca proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa, tras la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal por parte del Gobierno Nacional.
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La acción jurídica se fundamenta en los recientes informes de advertencia emitidos por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal -CARF- y la Contraloría General de la República, entidades que señalan un deterioro severo en las finanzas del Estado. Entre los indicadores económicos clave que sustentan la demanda se destaca un déficit fiscal que alcanzó el 6,4% del PIB en 2025, registrando uno de los niveles más altos en la historia reciente del país.
Asimismo, el CARF proyecta que la deuda pública llegará al 60,3% del PIB durante este año, obligando a la Nación a buscar $167,9 billones para financiar sus obligaciones en 2026 bajo un escenario de tasas de interés al alza.»Esta acción popular responde a una realidad técnica confirmada por expertos y centros de pensamiento económico, no a una postura política. El Gobierno Nacional activó un mecanismo excepcional como la cláusula de escape para apartarse de las metas de gasto en el momento exacto en que el país requiere mayor disciplina y certidumbre», afirmó el senador Deluque.
La demanda pretende que la justicia ordene al Ministerio de Hacienda el diseño e implementación obligatoria de una hoja de ruta técnica que corrija el déficit fiscal y garantice un manejo responsable de la deuda pública. Con esto se busca impedir que la discrecionalidad administrativa se convierta en un daño irreversible para el patrimonio de todos los colombianos.
Deluque enfatizó en el impacto social que genera el desbalance macroeconómico al explicar que «este no es un debate ideológico entre Gobierno y oposición. Si no se frena el descontrol fiscal actual, las consecuencias de la caída de la inversión pública y privada las asumirán las próximas generaciones con menor acceso a empleo, salud, educación y seguridad».
Con la radicación formal del documento, el congresista solicitó al tribunal dar trámite prioritario al proceso para salvaguardar los derechos colectivos de los ciudadanos y mitigar riesgos macroeconómicos de difícil reparación.
