La Guerra que no podemos perder

Por Guillermo Polo Carbonell

Hablar de seguridad en Colombia no debería ser tan difícil. Para entender lo que está ocurriendo hoy basta mirar, sin prejuicios ni cálculos políticos, cómo ha mutado nuestra violencia durante las últimas décadas.

Colombia comenzó a desangrarse mucho antes del auge del narcotráfico. Desde mediados del siglo pasado padeció una feroz violencia política, alimentada además por un país profundamente desigual, con enormes sectores rurales abandonados y una institucionalidad incapaz de llegar a buena parte del territorio. En ese ambiente aparecieron y crecieron las guerrillas, inicialmente alrededor de reivindicaciones políticas, sociales y agrarias. Ninguna de esas circunstancias justifica la violencia, pero desconocerlas impide entender nuestra historia.

Después llegó el narcotráfico y todo comenzó a cambiar.

Primero fue la marihuana y luego la cocaína, hasta convertir a Colombia en el centro de uno de los negocios ilegales más rentables del mundo. En los años ochenta, los carteles de Medellín y Cali alcanzaron un poder extraordinario. El de Medellín incluso le declaró la guerra al Estado y sometió al país a una ofensiva terrorista que llevó bombas, asesinatos y miedo a las ciudades colombianas. Cuando el Estado se vio acorralado, finalmente reaccionó, concentró sus capacidades y los derrotó.

Pero el negocio sobrevivió a los carteles.

La cocaína encontró nuevos dueños y penetró las demás formas de violencia. Las guerrillas descubrieron en el narcotráfico una fuente gigantesca de financiación y, progresivamente, en todas ellas la causa ideológica terminó desplazada por la ambición de controlar territorios, cultivos, rutas y millones de dólares.

Luego apareció y se expandió el fenómeno paramilitar. Surgió, entre otras razones, como respuesta de sectores rurales y productores que se sentían indefensos frente a una subversión que el Estado no lograba combatir eficazmente. Aquello tampoco legitimaba tomarse la justicia por propia mano. Y ocurrió nuevamente lo que ya comenzaba a convertirse en una constante colombiana: el dinero del narcotráfico terminó corrompiendo el propósito original. La defensa se transformó en negocio, control territorial y poder. Llegaron las masacres, los desplazamientos y algunas de las páginas más atroces de nuestra historia.

Otra vez el Estado, tarde y después de demasiado sufrimiento, reaccionó. Las estructuras paramilitares fueron sometidas a un proceso de desmovilización y varios de sus principales jefes terminaron extraditados y encarcelados en Estados Unidos.

Y llegamos así a la mutación que enfrentamos hoy.

Ya no estamos solamente ante el narcotráfico ni frente a organizaciones que necesiten revestirse de una gran causa política o social. Estamos ante poderosas estructuras de crimen organizado que aprendieron de todas las violencias anteriores y diversificaron sus fuentes de riqueza: cocaína, microtráfico, minería ilegal, extorsión, trata de personas y otras economías criminales capaces de producir cantidades descomunales de dinero. Es una especie de diversidad perversa del crimen: negocios ilegales que se alimentan entre sí y cuyos millones compran armas y tecnología, corrompen instituciones, disputan territorios y llenan campos y ciudades de muerte y sangre.

Esta nueva mutación lleva cerca de década y media fortaleciéndose. Y existe una diferencia inquietante frente a varios de los momentos anteriores que acabo de relatar: esta vez el Estado colombiano no está reaccionando con la dimensión, la velocidad ni la determinación que exige la amenaza.

Y eso es justamente lo que inexplicablemente parece no entenderse: el nivel de amenaza que hoy representan estas organizaciones, no solo para la población, sino para la supervivencia misma del Estado.

Colombia, a diferencia de otros países, aún no es un narcoestado. Pero estamos a un pestañeo de serlo.

Durante los últimos quince años estas organizaciones han acumulado un inmenso poder. Las principales no solo operan en prácticamente todas las regiones del país, sino que están asociadas con organizaciones transnacionales incluso más poderosas.

Controlan vastos territorios rurales y urbanos. Tienen capacidad para infiltrar, corromper o intimidar instituciones del Estado; cuentan con armamento sofisticado, tecnología, recursos casi ilimitados y están dispuestas a ejercer unos niveles de violencia que harían sonrojar al propio Pablo Escobar.

Cada vez son más poderosas y, en esa misma proporción, el Estado se ve más débil: lento, desarticulado y sin la suficiente decisión política para enfrentarlas. Colombia todavía no ha diseñado una política criminal concebida específicamente para responder a la dimensión de esta amenaza.

Tenemos unas Fuerzas Militares y de Policía que han perdido capacidades; un sistema penal colapsado operativamente y un marco normativo construido como si viviéramos en Suiza. ¡Colombia tiene hoy prácticamente el mismo número de jueces que hace treinta años! Faltan unidades de Fiscalía y Policía Judicial especializadas, dotadas y debidamente entrenadas para esta guerra.

Y tenemos, además, un sistema penitenciario en buena medida secuestrado por estas organizaciones. ¿Qué puede exigírsele a un guardián del INPEC cuando la disyuntiva puede ser dejarse comprar o exponerse a que amenacen o asesinen hasta a su mascota?

Que nadie se llame a engaños: la lucha contra el narcotráfico es una guerra. Y es una guerra que estamos perdiendo.

¿Quién paga las consecuencias de un Estado débil, incapaz de entender que debe corregir su política criminal de acuerdo con la amenaza de hoy?

Las paga el tendero. El pequeño comerciante que ve desaparecer el esfuerzo de años porque ya no puede soportar dos o tres extorsiones. Las paga la madre que llora porque una banda criminal asesinó a su hijo o logró reclutarlo para incorporarlo a la delincuencia. Las pagan millones de ciudadanos que terminan viviendo bajo las reglas que impone el criminal y no bajo la protección que debería garantizarles el Estado.

Pero, en vez de corregir el rumbo, hemos decidido trasladar buena parte de la responsabilidad a alcaldes y gobernadores.

Ellos son autoridades administrativas. No diseñan la política criminal del Estado. No integran la Rama Judicial ni la Fiscalía. No legislan como el Congreso. No dirigen los organismos nacionales de inteligencia y contrainteligencia. Pueden coordinar acciones locales de vigilancia frente al delito ordinario, aportar recursos e intervenir socialmente. Pero hasta ahí llegan sus competencias y capacidades.

Y con eso no se enfrenta a las poderosas disidencias de las FARC, al ELN, al Clan del Golfo ni a las decenas de organizaciones criminales que se han extendido por ciudades y municipios grandes, medianos y pequeños de todo el país.

Mientras discutimos a quién culpar y politizamos el problema, ellos están felices. Les conviene que la opinión pública se confunda, que las instituciones se responsabilicen unas a otras y que el Estado continúe navegando sin rumbo frente a la amenaza.

Ya es hora de que todo el Estado —las tres ramas del poder público y el sistema de seguridad nacional— se tome en serio esta guerra, se articule, fortalezca sus capacidades y construya una política criminal acorde con el enemigo que enfrenta.

Porque todavía estamos a tiempo. El nuevo gobierno come

Pero no por mucho. Antes de que se nos pierda el país.