Petro acusó al general Edwin Urrego de intentar colocar drogas en su vehículo; oficial lo niega y pide polígrafo
Un nuevo remezón sacude la cúpula de la Policía Nacional, luego que el presidente Gustavo Petro acusara públicamente al general Edwin Urrego de haber intentado colocar sustancias psicoactivas en un vehículo asignado a la seguridad presidencial. La grave denuncia fue acompañada por la orden inmediata de retiro del alto oficial, en medio de un ambiente de tensión institucional que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el Gobierno y sectores de la fuerza pública.
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De acuerdo con lo manifestado por el jefe de Estado, los hechos estarían relacionados con un presunto intento de comprometer la integridad del esquema presidencial mediante la supuesta “siembra” de estupefacientes en uno de los automotores oficiales. Petro aseguró que la situación no podía pasar inadvertida y que, por tratarse de la seguridad del Presidente de la República, adoptó decisiones de fondo.
El mandatario también señaló que el general Urrego habría estado al frente del allanamiento a la vivienda del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, en Barranquilla, procedimiento que en su momento generó controversia política y jurídica en la capital del Atlántico. Según Petro, ambos episodios estarían conectados dentro de un contexto que calificó como preocupante para la estabilidad institucional.
La reacción del general Edwin Urrego no se hizo esperar. El oficial desmintió de manera categórica las acusaciones del presidente Petro y aseguró que jamás ha participado en acciones ilegales o irregulares contra el mandatario ni contra ningún miembro del Gobierno Nacional.
Urrego manifestó estar dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo y a cualquier investigación disciplinaria, penal o administrativa que permitan esclarecer los hechos. “Mi carrera ha estado marcada por el respeto a la Constitución y la ley”, habría indicado el alto oficial en su defensa, reiterando que confía en que las investigaciones demostrarán su inocencia.
La controversia ha generado reacciones en distintos sectores políticos, que piden claridad inmediata frente a una acusación de tal magnitud. Analistas advierten que se trata de un señalamiento extremadamente delicado, pues involucra directamente la seguridad presidencial y la honorabilidad de un general activo.
En el Caribe colombiano, donde se produjo el allanamiento a la residencia del ministro Benedetti, el caso ha reavivado el debate sobre el uso de operativos judiciales en medio de tensiones políticas. La coincidencia de los dos episodios —según lo expresado por el Presidente— añade un componente adicional de gravedad.
