Paloma Valencia pide investigar contratos de Colpensiones con RTVC que superan los $60 mil millones
La candidata Paloma Valencia denunció públicamente presuntas irregularidades en dos contratos suscritos entre Colpensiones y RTVC, cuyo valor total asciende a 60.111 millones de pesos, destinados a campañas de mercadeo, estrategia comercial y publicidad.
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Según la denuncia, el 15 de diciembre de 2023, a pocos días de finalizar el año, Colpensiones habría entregado de manera directa y sin licitación un contrato por 13.804 millones de pesos a RTVC para servicios de publicidad. Aunque inicialmente se extendía hasta el 31 de diciembre de 2024, la congresista advierte una primera irregularidad: la ejecución comprometería recursos de más de una vigencia, lo que podría vulnerar el principio de anualidad presupuestal.
El contrato fue objeto de tres adiciones: el 25 de junio de 2024 por 6.000 millones de pesos; el 23 de diciembre de 2024 por 11.252 millones; y el 29 de agosto de 2025 por 6.300 millones. Además, su plazo fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2025. De acuerdo con Valencia, esto implicaría que un mismo contrato terminó comprometiendo recursos de tres años distintos y superando ampliamente el límite legal de adiciones, que según la Ley 80 solo permite incrementar hasta el 50 por ciento del valor inicial. En este caso, las adiciones habrían superado el 100 por ciento.
A esta situación se suma un segundo contrato firmado el 16 de julio de 2024, también de manera directa y sin licitación, por 9.795 millones de pesos, con un objeto similar: diseñar e implementar una estrategia de marketing. Este contrato igualmente fue objeto de una adición de 12.959 millones, con lo cual también se habría superado el límite legal de hasta el 50% del valor inicial. Además, se prorrogó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Valencia solicitó que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República inicien una investigación urgente para determinar si se violaron el principio de anualidad y las disposiciones de la Ley 80, y establecer posibles responsabilidades fiscales y disciplinarias.
