Gobierno de Abelardo De la Espriella prepara proyecto para retirar a pensionados del servicio público
El Gobierno de Abelardo De la Espriella prepara un proyecto de ley orientado a impulsar el relevo generacional en el sector público y establecer nuevas condiciones para la permanencia de trabajadores que ya cumplen los requisitos para acceder a una pensión.
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La iniciativa ha generado inquietud entre organizaciones sindicales, gremios educativos y sectores del magisterio, que advierten sobre sus posibles efectos en la estabilidad laboral de algunos trabajadores. Frente a estas preocupaciones, el vicepresidente aseguró que los derechos pensionales adquiridos estarán plenamente garantizados.
El debate se centra en las reglas actualmente vigentes sobre la edad de retiro forzoso de los empleados públicos. La Ley 1821 de 2016 elevó este límite de 65 a 70 años, permitiendo que determinados funcionarios que ya cumplen los requisitos para pensionarse puedan optar voluntariamente por continuar en sus cargos hasta alcanzar la edad máxima establecida.
La norma señala que el empleado que haya cumplido o cumpla los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de jubilación y cuente con una resolución de reconocimiento de pensión, o tenga el trámite en curso, puede acogerse voluntariamente a la posibilidad de permanecer en el cargo hasta los 70 años. Para ello, debe informar al empleador, con el propósito de que se postergue el pago de la respectiva pensión.
La legislación también establece que, una vez alcanzada la edad de retiro forzoso, debe efectuarse la desvinculación del cargo. Al mismo tiempo, precisa que el cambio en el límite de edad no modifica las disposiciones generales ni los regímenes especiales que establecen las condiciones para acceder a una pensión.
El proyecto que prepara el nuevo Gobierno busca modificar este escenario y avanzar hacia un mayor relevo generacional dentro de las entidades estatales. La propuesta, sin embargo, abre un nuevo frente de discusión con sindicatos y organizaciones del sector educativo, que buscan conocer con precisión cuáles serían las condiciones de retiro y qué garantías tendrían los trabajadores que actualmente permanecen en sus puestos después de cumplir los requisitos para pensionarse.
Por ahora, uno de los principales mensajes del Ejecutivo es que cualquier modificación a las reglas de permanencia en el servicio público no implicará desconocer derechos pensionales ya adquiridos. El alcance definitivo de la reforma dependerá del texto que el Gobierno presente al Congreso y del debate que se adelante sobre sus efectos laborales y administrativos.
