Sin justicia no hay seguridad
Por Pedro Pablo Jurado – @PPJuradoD
La seguridad de una nación no se construye exclusivamente con la fuerza de las armas. Se
consolida cuando existe una justicia capaz de actuar con independencia, sancionar sin distinciones
y garantizar que nadie, por poderoso que sea, esté por encima de la ley.
Colombia conoce las consecuencias de una justicia débil y paquidérmica. Los asesinatos de
Bernardo Jaramillo Ossa, Manuel Cepeda Vargas, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado y, más
recientemente, Miguel Uribe Turbay plantean un desafío histórico: esclarecer los crímenes
políticos, sancionar a sus responsables y proteger a las víctimas y a la democracia.
Los avances judiciales en estos casos han sido desiguales y persisten responsabilidades por
esclarecer. Expedientes dilatados y procesos inconclusos reflejan las dificultades para garantizar
justicia frente a crímenes que atentaron contra la institucionalidad de la República y buscaron
eliminar políticamente al adversario. Esto deja un mensaje nefasto de que en Colombia, la justicia
puede llegar demasiado tarde.
Las denuncias de Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez sobre un presunto intento del gobierno
Petro de utilizar declaraciones de exjefes paramilitares contra Abelardo de la Espriella, Álvaro
Uribe y Germán Vargas Lleras exigen esclarecimiento.
En el momento actual, sorprende la ausencia de respuestas públicas concluyentes de las
autoridades competentes frente a la gravedad de tales señalamientos. La Corte Suprema de
Justicia y la Fiscalía General de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, deben
contribuir a esclarecer los hechos. La respuesta no puede limitarse al anuncio de investigaciones
sin resultados concretos.
Durante décadas hemos confundido seguridad con capacidad militar. La Fuerza Pública es
indispensable, pero para contener a los violentos no basta con su intervención. La transformación
ocurre cuando esa acción se traduce en investigaciones rigurosas, condenas efectivas,
cumplimiento de las penas y posibilidades reales de resocialización.
Allí radica un desafío mayúsculo de la Patria Milagro. Cuando el presidente Abelardo de la Espriella
advierte a los criminales que deben responder ante la justicia, el mensaje debe traducirse en
hechos porque así el Estado recupera su autoridad cuando hace cumplir la ley.
Para ello se requiere una política criminal contundente y eficaz. Frente a las organizaciones
criminales, resulta indispensable una Fiscalía independiente, con dirección clara y capacidad
investigativa. Ante posibles delitos de altos funcionarios del Estado, esa misma determinación
debe reflejarse en las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de
Acusaciones, dentro de sus respectivas competencias.
Colombia debe superar la falsa disyuntiva entre militarismo y permisividad. Los acuerdos con
gestores de paz y actores delictivos presentados como interlocutores políticos deben evaluarse
por sus resultados y sus costos institucionales, sociales y políticos.
La Patria Milagro debe encarnar una política criminal contundente y eficaz que, respetando la
separación de poderes, responda a las exigencias de justicia de los colombianos mediante la
actuación independiente de jueces, fiscales y magistrados. Es allí donde cobra sentido el saludo
presidencial dirigido tanto a los delincuentes puestos a disposición de las autoridades judiciales
como a los políticos que enfrentan graves señalamientos: «Bienvenidos a la Patria Milagro».
La seguridad protege a la sociedad de los criminales. La justicia protege, además, a la democracia
de los abusos del poder. Sin justicia no habrá seguridad verdadera ni paz verdadera.
*MBA of Northwestern University – Kellogg School of Management; E MSC Cities of The London
School of Economics and Political Science (LSE)
