El Atlántico no pide favores, exige justicia tarifaria

Por Isabella Pulgar Mota

Ser del Atlántico y vivir en esta tierra siempre ha sido motivo de orgullo, sinónimo de alegría, pujanza y mucho calor. Sin embargo, desde hace varios años, la tranquilidad de nuestros hogares y la viabilidad de nuestros negocios esta amenazada por un enemigo que llega puntualmente cada mes en un papel doblado.

No es precisamente de extorsión o de seguridad que quiero escribir hoy, sin que este deje de ser un problema mayúsculo y sin resolver aun, en nuestro departamento, tema al que me referiré más adelante. Hoy quiero referirme a otra forma de asfixia que afecta silenciosamente a miles de familias: el costo desmedido de la energía.

Lo que comenzó como un problema de servicios públicos se ha convertido en una profunda crisis social y económica para el Caribe colombiano. Ya no estamos hablando de una simple inconformidad por el valor de una factura. Estamos hablando de familias que deben escoger entre comprar alimentos, pagar sus obligaciones o encender las luces de sus hogares.
Las repercusiones de este fenómeno son devastadoras y visibles en cualquiera de los hogares del Departamento y sus 2.885.904 habitantes (según DANE) y por los cuales alzo mi voz así como lo hice desde la duma departamental y hoy desde el territorio en representación de sus intereses.
Para las familias de estratos 1, 2 y 3, la factura de Air-e se ha transformado en un segundo arriendo, un gasto asfixiante que pulveriza el salario mínimo y empuja a miles a la informalidad o al endeudamiento. Pero esta crisis no termina en las puertas de nuestras casas. También está golpeando el corazón de nuestra economía. El tejido empresarial del Atlántico se está debilitando; tiendas de barrio, restaurantes, pequeños comercios y empresas enfrentan costos energéticos que reducen sus utilidades, afectan su competitividad y ponen en riesgo empleos que tanto necesitamos proteger.
Pagamos una de las tarifas de energía más costosas de toda Colombia, lo que frena en seco la competitividad, resulta inadmisible que una región con las ventajas geográficas, productivas y energéticas del Caribe tenga que soportar tarifas que dificultan su propio desarrollo.

Un claro ejemplo lo vemos que para el mes de octubre el valor promedio del kilovatio hora de energía en un departamento como Valle del Cauca es de $753, mientras que Air-e nos lo cobra a $936. Nosotros sufrimos cargas desproporcionadas que ensombrecen nuestro futuro.
Hoy me pronuncio por 23 municipios y 31 corregimientos que componen mi hermoso departamento y me pregunto:
¿Por qué llegamos a este extremo?
La causa principal radica en una de las mayores injusticias regulatorias jamás permitidas en el país. El famoso régimen tarifario especial para el Caribe. Bajo este modelo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) autorizó que las llamadas «pérdidas no técnicas» es decir, la energía que se pierde por robos, fraudes o falta de pago en sectores vulnerables, sean cobradas directamente en las facturas de los usuarios que sí pagan cumplidamente.
A esto se suma el encarecimiento descontrolado del servicio. De acuerdo con datos compartidos por la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, las tarifas residenciales registraron un crudo incremento del 7.18 %, disparando el costo del kilovatio hora (kWh) de $873.69 a $936.40 por kWh.

A esta situación se suman los incrementos tarifarios, los saldos pendientes de la llamada “opción tarifaria” —mecanismo que permitió diferir cobros durante períodos anteriores— y la exposición a las fluctuaciones del mercado mayorista de energía. El resultado es un sistema complejo, costoso y cada vez más difícil de sostener para las familias y los sectores productivos.
La situación actual, agudizada por la intervención de Air-e ante un monumental pasivo de deudas acumuladas que, a corte del 30 de septiembre, ascendían a $6.3 billones, exige soluciones de fondo y no paños de agua tibia. Luego de esto me planteo un nuevo interrogante.
¿Cómo mejorar?
La primera decisión debe ser revisar de fondo el esquema regulatorio que determina cuánto pagamos por la energía. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tiene la responsabilidad de evaluar y corregir los mecanismos que trasladan costos desproporcionados a los usuarios, especialmente aquellos relacionados con el reconocimiento de pérdidas. No podemos seguir normalizando que la ineficiencia termine reflejada en las facturas de quienes sí cumplen.
En segundo lugar, el Gobierno nacional debe cumplir con la promesa de asumir los saldos de la opción tarifaria para aliviar de golpe el valor del kilovatio. Las promesas de alivio no pueden quedarse en anuncios que nunca se traducen en una reducción real de las facturas.

A mediano plazo, la verdadera redención del Atlántico está en la transición energética; el Caribe debe convertirse en el epicentro de la auto generación de energía solar mediante comunidades energéticas y techos fotovoltaicos que nos independicen de la volatilidad del costo de energía en la bolsa de valores.
Para que esto suceda, la intervención de los actores clave debe ser coordinada y sin titubeos políticos. El Ministerio de Minas y Energía, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos, deben garantizar que la administración transitoria de la empresa intervenida no sea un simple cambio de timón, sino una reestructuración financiera que sanee la prestación del servicio.
El Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la CREG, la bancada parlamentaria del Caribe, la Gobernación del Atlántico y las alcaldías municipales deben asumir responsabilidades concretas y trabajar alrededor de una agenda común.

Necesitamos decisiones con plazos definidos, responsables identificables y resultados que puedan medirse. Porque los ciudadanos no necesitan otra mesa de trabajo para escuchar lo que ya saben. Necesitan soluciones que se reflejen en sus recibos.
El Atlántico no aguanta más dilaciones, promesas incumplidas ni discursos de solidaridad pronunciados desde cómodos escritorios.
No podemos hablar de desarrollo económico mientras nuestros comerciantes luchan por mantener abiertos sus negocios. No podemos hablar de bienestar social cuando miles de familias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar la energía. Y no podemos hablar de competitividad mientras el costo de un servicio esencial se convierte en un obstáculo para producir y generar empleo.
La energía eléctrica no puede seguir siendo un lujo prohibitivo. Debe ser un servicio accesible, eficiente y de calidad, capaz de impulsar el desarrollo de nuestra región.

Es hora de pasar de los anuncios a las soluciones, de las excusas a los resultados y de los escritorios al territorio.
Porque queremos un Atlántico inclusivo, educado, saludable, seguro, fuerte y próspero
¡Menos escritorio, más territorio!