Caicedo pide a Procurador garantías y que asuma la segunda instancia
Ante lo que muchos consideran como una estrategia sistemática de bloqueo político o persecución en contra de los ideales de Fuerza Ciudadana, el precandidato a la Gobernación del Magdalena por este movimiento, Carlos Caicedo, solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) ser garante absoluto del debido proceso en la investigación disciplinaria que el organismo de control le adelanta al dirigente costeño.
Se trata de una carta dirigida al procurador general, Fernando Carrillo, al que, además, Caicedo le pide de forma expresa que sea este máximo representante del Ministerio Público quien asuma la audiencia de segunda instancia en dicho proceso sancionatorio por el cual el exalcalde de Santa Marta se defiende alegando: “solo se ha tenido en cuenta la versión de Metroagua”, la contra parte del caso.
En la misiva, el exmandatario se ampara en el artículo 23 de la Constitución y la Ley Estatutaria del Derecho de Petición en su modalidad de hacer, invocando su facultad constitucional de proteger los derechos humanos y garantizar su efectividad y, sobretodo de defender los intereses colectivos, según sus numerales 2 y 4 del artículo 277 de la ‘carta magna’.
“En nombre del movimiento Fuerza Ciudadana, solicito, en su calidad de supremo director del Ministerio Público, asegurarme un juicio justo y apegado al debido proceso, pues se encuentran en gravísimo peligro mis derechos políticos de elegir y ser elegido y los derechos políticos del movimiento que encabezo en el país y particularmente en la ciudad de Santa Marta y en el Magdalena, promoviendo un cambio estructural en las practicas públicas y ciudadanas durante 7 años 2 meses, para lo cual adjunto versión libre con datos técnicos y documentales, la realidad fáctica y normativa del proceso disciplinario fallado en mi contra, donde se truncan derechos individuales y colectivos protegidos por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 40 numerales 1 y 3 del artículo 40 de la Carta Política”, replicó Caicedo.
De igual forma, el aspirante al máximo cargo administrativo del Departamento demanda que sea el procurador Carillo la autoridad competente “para fallar en segunda instancia el asunto de la referencia (parágrafo del artículo 7 del Decreto-Ley 262 de 2000) o se ejerza estricta vigilancia sobre la segunda instancia (numeral 18 del art. 7 ibidem) que debe ser resuelta sobre el fallo de marzo 26 de 2019, por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública”.
Cabe resaltar que el proceso que fue iniciado por la procuradora delegada para la Moralidad Pública, Olga Lucía Alfonso, la cual emitió un fallo en primera instancia contra el líder de Fuerza bajo el argumento de “presuntas irregularidades en la contratación de pozos de agua durante la emergencia hídrica de 2014 en Santa Marta cuando Caicedo fungía como alcalde de la ciudad”.
Medida que refutó el dirigente, quien planteó: “No existió improvisación ni mucho menos perjuicio alguno para el erario público, por el contrario, las políticas públicas ejecutadas por mi gobierno inauguraron desde 2012 cuando triunfo en Santa Marta el voto de opinión, un periodo de cambios y recuperación de lo público que hizo ruptura histórica de la apropiación privada y de particulares de los bienes públicos, en procura de superar estructuralmente la pobreza y el rezago territorial, responsabilidad de administraciones que feriaron la institucionalidad y los recursos públicos, entregándole desde 1989 a una empresa privada probadamente incompetente y corrupta como Metroagua-Inassa, la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado e incluso el cobro de los impuestos de la ciudad”.
Asimismo, Caicedo sostiene que gobiernos anteriores al suyo -en alianza con y Metroagua- se abstuvieron durante más de 25 años de adelantar, en atención al principio de planeación, los estudios y diseños de una solución estructural al abastecimiento de agua de la ciudad con nuevas fuentes hídricas sostenibles para las próximas décadas.