#LaOpinionDeColmenares ¿Se oscureció el alumbrado en Barrancas?
Luís Alonso Colmenares Rodríguez @LcolmenaresR
En una actuación especial de fiscalización llevada a cabo por la Contraloría General de la República al contrato de alumbrado público del municipio de Barrancas (La Guajira) por valor de $19 mil millones, y el contrato de interventoría por valor de $952 millones, se conoce un informe con unas observaciones muy delicadas relacionadas con deficiencias en los estudios previos, sobrecostos e indebida destinación de los recursos que la administración municipal, en cabeza de su alcalde, tendrá que responder y justificar con suficientes argumentos, para no cambiar las costumbres contractuales de las administraciones públicas en Colombia. (informe)
SOBRE LOS DEFICIENTES ESTUDIOS PREVIOS.
El informe de la Contraloría lleva a cabo una comparación entre lo que se detalla en los estudios previos, la licitación y la ejecución encontrando que se realizaron modificaciones de precios unitarios fijados durante el estudio, se incluyeron redes en nuevos sectores del municipio, obras nuevas, en algunos casos se cambió el tipo y cantidad de los trasformadores originalmente requeridos, que eran auto protegidos, por unos transformadores convencionales, modificaron los AIU de los estudios previos sin ponerlo en consideración del OCAD, se realizaron cambios de fondo en la destinación original de los recursos y las condiciones aprobadas en los estudios previos; en el OCAD, en el proceso licitatorio y en la contratación.
Todo por valor de $3.300 millones.
EN CUANTO A LOS SOBRECOSTOS
En cuanto a los transformadores y postes de concreto, la Contraloría tomó los precios unitarios del año 2020 que se utilizaron para la elaboración del proyecto por el municipio de Barrancas, y los comparó con los precios de las cotizaciones obtenidas en el mercado eléctrico nacional, y encontró que se presenta una diferencia significante de sobrecosto por valor de $635.8 millones.
Por el traslado de 774 luminarias a las nuevas redes eléctricas se incurrió en costos adicionales de $380 millones que no fueron presupuestados en los estudios previos del proyecto, ni durante el proceso contractual, ni cuando se realizó el acta modificatoria 1.
Se llevó a cabo el pago por concepto de Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RTIE) que se debe tener en cuenta al momento de diseñar, construir, mantener y modificar una instalación eléctrica en Colombia de la manera más segura posible; pero ocurre que debido a la deficiente labor de planeación, no aparece un estudio económico, ni un estudio técnico para soportar un costo del 5% calculado, lo que generó a su vez un mayor valor pagado al contratista Consorcio Eléctrico BA 20 por la suma de $418 millones, los cuales requieren la presentación de los soportes de pago a la entidad certificadora.
POR LA INDEBIDA DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS
Hasta la fecha de actuación de la Contraloría se encontró que, con respecto al estado de la obra, solo se puede demostrar una ejecución por valor de $15.248 millones, sin embargo, se han llevado a cabo pagos por valor de $17.146 millones, además de los pagos realizados a la Interventoría por valor de $856.8 millones.
Para un total de $18.002 millones que la Contraloría ha concluido en determinar una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal; teniendo en cuenta que no presupuestaron los costos del traslado de luminarias; los estudios previos son ineficientes; hay sobrecostos en equipos y materiales; también se hicieron modificaciones que no fueron consultadas con el OCAD; y la destinación de recursos para obras y labores que no fueron incluidas en los estudios previos.
El balón queda en la cancha de la alcaldía del municipio de Barrancas (La Guajira) para que rinda las explicaciones necesarias aportando los documentos pertinentes que puedan desvirtuar las conclusiones de la Contraloría.
En caso contrario, las observaciones se tendrán que constituir en hallazgos fiscales, y como consecuencia serán trasladados a Procuraduría, Fiscalía y la misma Contraloría iniciará el respectivo proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial.
Amanecerá y veremos.
O como dijo el reconocido filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
