No soy amigo de Eduardo Pulgar: excónsul Acosta Ossio en caso Unimetro
En diálogo con El Espectador, el excónsul en Polonia Luis Fernando Acosta se refirió al escándalo en el que han estado inmersos él y su familia por cuenta de una pelea familiar por quedarse con el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Por el caso ya fue condenado el exsenador Eduardo Pulgar, y hay por lo menos tres funcionarios judiciales presos.
El director de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Luis Fernando Acosta, rompió su silencio. En entrevista con El Espectador, el excónsul en Polonia habló de lo que ha sido el escándalo familiar que terminó en investigaciones penales, órdenes de captura contra varios de sus familiares, desfalcos e incluso las condenas al exsenador Eduardo Pulgar y otros tres funcionarios judiciales con líos con la justicia. El caso tiene que ver con la pelea de miembros de la familia Acosta Bendeck, unos para no perder el poder de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, y los otros, por defender el legado del exsenador Gabriel Acosta, quienes tienen evidencias de graves faltas, como la pérdida de al menos $30 mil millones.
¿Por qué hablar ahora, después de casi cinco años de que iniciara el caso?
Este es un tema que es muy doloroso para la familia. Es un problema de familia, de hermanos y de primos donde hay denuncias que nos afectan a todos. Decidimos hablar en estos momentos porque ya la justicia comenzó a mostrar las verdaderas cartas. Ya hizo pública las primeras órdenes de captura por un desfalco que habíamos denunciado en 2016 y que, finalmente, tras seis años, la Fiscalía encuentra que sí había fundamento en nuestras denuncias. Que sí habían desfalcado a la institución y que sí había que recuperar los dineros que perdió la universidad.
¿Cuántas órdenes de captura hay?
La Fiscalía ya libró cinco de las cuales ya una persona se entregó de manera voluntaria (Manuel Raad), ya fue imputada. Hay cuatro personas prófugas. Creo que es momento de contarles al país y a la comunidad universitaria la verdad de lo que está sucediendo.
¿Quiénes son esas cuatro personas prófugas?
Carlos Jaller Raad (exrector de la Universidad), Ivonne Acosta Acero (prima de Luis Fernando Acosa y esposa de Carlos Jaller), la pareja extramarital de Carlos Jaller, que es Dorina Tapias Turizo, y Jorge Hernández Cassis.
Usted habla de contarle la verdad al país, ¿cuál es esa verdad?
La verdad es el desfalco del que fue víctima la Universidad Metropolitana y que se descubrió en el año 2016. Un desfalco de más de $30 mil millones que hoy en día la Fiscalía encontró mérito a las denuncias que hicimos.
Hablemos un poco de esos escenarios jurídicos en los que se movió el tema…
Las denuncias de los Acosta contra el exrector Carlos Jaller comenzaron en 2016, una vez lo destituimos. Me imagino que la forma de Jaller de defenderse fue echar una cortina de humo contra las denuncias de él. Lo que hizo fue meter recursos contra nosotros por su destitución. Por esa pelea, en estos momentos la justicia tiene a tres jueces imputados y detenidos, y a un fiscal detenido. Y hoy está persiguiendo a cuatro personas por el desfalco a la universidad.
¿Considera que detrás del desfalco hay una red criminal?
Esa parte ya le tocaría a la Fiscalía determinar si existe o no una red criminal, pero podemos ver todo lo que se está tejiendo alrededor de lo que ha presentado.
¿Cuál es la situación de las denuncias en su contra que derivó esa riña familiar?
Las denuncias contra mi persona fueron archivadas en 2019, pero en diciembre de 2021, Jorge Hernández Cassis pidió un desarchivo, supuestamente, con material probatorio nuevo. Nosotros consideramos que no hay nada nuevo, pero estamos analizando la situación. Además, la Corte ya no tenía jurisdicción para reabrirla, porque ya no soy cónsul. Con respecto a la investigación de mis primos y de un hermano que también fueron denunciados, la Fiscalía archivó y pidió preclusión. Ellos apelaron y en estos momentos está en segunda instancia.
¿Esas denuncias por qué son?
Ellos argumentan que los documentos son falsos (con los que sacaron a Jaller de la rectoría) y como se registraron ante el Ministerio de Educación, habría un fraude procesal. Pero lo que está diciendo la Fiscalía es que todo ocurrió al revés: quienes presentaron documentos falsos fueron ellos y por eso tienen una orden de captura en su contra.
Sobre su nombre pesa otro proceso a raíz de su declaración en la Corte Suprema por el caso que vinculó al exsenador Eduardo Pulgar. ¿En qué va ese caso?
Ivonne Acosta presentó una denuncia en mi contra bajo la premisa de que, si yo era presidente del Consejo de Dirección de la Universidad, habría tenido contacto con el exsenador. Pero nada más lejano a la realidad.
¿Cuál es su relación con el exsenador Pulgar?
Es bueno saber algo frente al tema con el exsenador Pulgar. Yo tengo 30 años de experiencia en el sector gremial. Como dirigente gremial que he sido en Barranquilla, porque pertenecí a la junta de Cámara de Comercio durante 20 años, a la Lonja de Propiedad Raíz, al Colegio Inmobiliario de Barranquilla, a los distintos gremios de la ciudad y fui presidente de estos, tuve que ver con varios dirigentes políticos. Entonces, ¿si ustedes me preguntan si conozco al exsenador Pulgar? Claro que lo conozco, como conozco al senador (David) Name, como conozco a Arturo Char, como conozco a distintos senadores de la región, hasta (Efraín) Cepeda. Muchos son hasta colegas, porque ellos tienen inmobiliaria y nosotros también.
¿Tiene una relación laboral o también de amistad?
Nos conocemos desde hace muchos años. Que sea amigos de ellos, no. No compartimos socialmente, pero sí empresarialmente cuando se requiere algo para la ciudad o para el departamento. No soy amigo de él y no mantengo una relación. Todo esto se lo dije a la Corte.
¿Por qué termina el exsenador Pulgar como una persona cercana a la universidad?
El papá de Pulgar fue fundador de la Universidad Simón Bolívar, y el primer cargo que ocupó el exsenador fue en la Universidad del Atlántico. Él siempre ha estado vinculado al tema educacional, de hecho, su exesposa, Karime Mota, tiene un colegio. Toda la vida ha estado en el sector educativo. Pero jamás le he pedido alguna gestión. Sí le pude haber dicho: “Oye, averigua en qué estado está tal cosa”. Pero que le haya pedido algo, no. Hay que aclarar algo: yo personalmente tengo documentado todas las vueltas que hice en el Ministerio de Educación. Cada vez que había un papel yo lo radicaba. Entonces, las entradas mías que hubo al Ministerio de Educación en noviembre de 2017, fue en el momento en que los Jaller trataron de poner un recto nuevo, a Jorge Hernández Cassis.
¿Es cierto que Pulgar tenía alguna intensión de mantener una relación con la Universidad por intereses políticos?
La universidad jamás ha participado en proselitismo político. Ni cuando mi tío era senador. Jamás se le dijo a un estudiante: tiene que poner los votos. Las pruebas están. Jamás se ha podido decir que ha ido un político a hacer campaña a la universidad. Siempre hemos mantenido a la institución ajena a todo el esquema político. Ningún empleado puede decir que se le ha pedido un voto para un político ni jamás se ha hecho manifestación política.
Si bien este pleito es familiar, existió una situación que vinculó al exsenador ¿cuál es su percepción de lo que pasó con él?
Lo que sucedió es lo que supimos por unas grabaciones que escuchó la opinión pública. En esas grabaciones hay una conversación de Pulgar con un juez y allí ni me mencionan a mí ni a mis familiares. Hay que tener en cuenta algo: en la investigación del exsenador, la Corte Suprema no compulsó copias a ningún miembro de la familia Acosta, porque no hay en su grabación algún señalamiento contra la familia.
Pero usted si se escucha en la grabación en la oficina de David Name…
Esa es la segunda grabación. Él (Name) me llama y me pide que lo acompañe a una reunión en su oficina. Me cita y yo voy. Cuando llego a esa reunión me encuentro a un muchacho joven y me sorprendo de que es el juez de Usiacurí (el que tenía un recurso que presentó Jalle en contra de los Acosta. El juez no ha sido claro qué hacia allí y ha dado distintas versiones. En una dijo que estaba donde Name buscando su permanencia en el cargo de juez, en otra dice que estaba buscando ser Mazón. Y lo cierto es que llegó ahí, él hace una pregunta o dice algo al aire como que le había mandado a ofrecer, y yo le dije: un momentico, yo no te he mandado a ofrecer nada, perdóname. Yo no sabía que estaba siendo grabado. Le dije: no sé de qué hablas. Él no me hizo ningún reclamo y todo quedó ahí.
¿Quién era ese juez en esta historia?
El juez lo conocí en la oficina de David Name y fue la única vez que lo traté porque ni siquiera asistí al despacho de él en Usiacurí.
¿Pero qué procesos tenía él?
Los Jaller le radicaron un proceso de restitución para que se les devolviera a ellos la universidad, pero nosotros no sabíamos de qué se trataba. A nosotros nos llega una citación el 22 de marzo citándonos para el 25, sin nosotros saber qué había en Usiacurí. Cabe decir que ese municipio es de 9.000 habitantes con un único juez, existiendo más de 20 juzgados en Barranquilla y otros en municipios más cerca se radicó el proceso allá.
¿Por qué cree que hicieron eso?
No sé. Lo único cierto es que yo interpongo una tutela el 24 pidiendo que me amparara el debido proceso y la territorialidad, porque nosotros no teníamos nada en Usiacurí, sino teníamos nada, el proceso no debía llevarse allí. Los jueces del circuito de Sabanalarga son los que atendieron la tutela que presenté y consideraron que era pertinente suspender la audiencia. En ese lapso me llaman a la oficina de David Name y yo le dije al juez de Usiacurí que yo no iba a retirar la tutela. Ahí hubo unas diferencias porque él me decía que si se fallaba la tutela a favor mío él quedaba solo atendiendo casos de gallinas robadas y no iba a atender más nada porque perdía competencia.
¿Esa serie de irregularidades que los llevaron a los estrados ocurrieron cuando Carlos Jaller estaba como rector de la universidad o cuando lo destituyen?
Carlos Jaller se monta en 2014 y en 2016, el revisor fiscal de la universidad les presentó un informe a los fundadores donde les manifiesta que había un faltante en la caja de más de $30 mil millones. Ahí comienza el problema. Los fundadores le hicieron varios requerimientos y él no los atendió. Incluso, Jaller les prohibió el acceso a ellos a la universidad, eso llevó a que hicieran una reunión por fuera de la institución para destituirlo. Se destituye, y se nombra a Alberto Acosta Pérez, hermano de Ivonne Acosta como nuevo rector. Él encuentra los desfalcos y pone las denuncias en conocimiento de la Fiscalía. La instrucción que teníamos del Ministerio (de Educación) cuando se radicó a Alberto Acosta es que todo lo que encontraran lo denunciaran y eso fue lo que hicimos.
¿Denunciaron aun sabiendo que Jaller era el esposo de su prima?
Tocaba hacerlo, porque eran dineros que se habían sustraído de la comunidad académica. No podíamos dejar pasar por alto una suma que es bastante considerable.
¿Qué han podido establecer del destino de ese dinero?
Esa es una pesquisa que está siendo analizada por la Fiscalía y hay que esperar que sea ella la que entregue ese reporte.
¿Cómo un problema que dice que es familiar y doloroso terminó en procesos judiciales, fiscales y jueces presos?
Desafortunadamente quisieron imponer una cortina de humo sobre las denuncias que nosotros presentamos a la universidad por la pérdida de más de $30 mil millones y eso conllevó a que a participaran unos jueces de Barranquilla, favoreciendo los intereses del señor Carlos Jaller y, a todas luces, cometieron los fraudes y prevaricatos que hoy en día los tienen prófugos de la justicia. Pero me permito aclarar tajantemente que no he sido beneficiado por ninguna gestión del exsenador Pulgar y quiero que la opinión pública conozca que, aunque el nombre mío y de mi familia ha sido maltratado y mancillado durante dos años, la justicia ha confirmado nuestra inocencia. Lo que he tratado es únicamente de defender un legado familiar que beneficia a la ciudad y al país con profesionales de la más alta calidad, a una comunidad educativa entera, a las familias de más bajos recursos porque es para ellos y por ello que trabajamos.
¿Cuál es la situación actual de la Universidad?
La Universidad Metropolitana económicamente está bien. No hay ningún peligro para la comunidad académica, por eso damos un parte de tranquilidad. Pero, estamos buscando que esos $30 mil millones vuelvan a las arcas de la universidad porque ese dinero es de la comunidad académica. La universidad tiene que utilizar esos recursos para mejorar equipos, para mejorar la capacidad académica y muchos otros temas de la institución porque no hay que olvidar que esta es una universidad dedicada a la ciencia de la salud y que le ha dado la oportunidad a muchas familias de estratos 1, 2 y 3 para que puedan acceder a una educación buena, de calidad y económica.
Además de la historia de la Universidad, el hospital universitario también se vio afectado por el paso de la familia Jaller. ¿Cuál es la situación actual?
El hospital estuvo operando en manos de Alberto Acosta Pérez hasta el 28 de agosto de 2019, cuando finalmente Rafael Uribe Enríquez, juez 13 penal de garantías hoy preso, determinó que había que entregarle el hospital a Javier Cuartas Jaller, sobrino de Carlos Jaller Raad. Ellos lo tuvieron en su poder hasta el 12 de marzo del 2021, a pesar de que el 21 de julio del 2020, la juez segunda penal del circuito de Barranquilla había ordenado que nos devolvieran el hospital porque no encontró fundamento para el nombramiento de Javier Cuartas Jaller.
¿En qué estado lo recibieron?
El centro estaba ya inoperante. Encontramos que las licencias que tenía para operar habían sido suspendidas por Javier Cuartas Jaller. Había entregado en arriendo el hospital a varias entidades de salud. Además, estaba totalmente desocupado. Se le debían a los empleados 19 meses de salarios, que son alrededor de $20 mil millones. También se debía agua, luz y toda clase de servicios. Tampoco presentaron declaración de renta de 2019 y 2020 y tampoco entregaron informes a la Superintendencia de Salud. En estos momentos, pesan sobre el hospital multas de parte de la Dian cercanas a los $7 mil millones y otras por parte de la Superintendencia cercanas a $6 mil millones por no presentar los informes de 2019 y 2020.
¿La situación del hospital a cuánta gente afecta?
Afecta a más de 500 trabajadores directos del hospital.
¿Cuál es el paso a seguir con ese panorama?
La auditoría forense apenas se está entregando. Nosotros no podíamos entrar a operar porque, incluso, se llevaron equipos costosos, algunos de propiedad del hospital, otros no. Entonces tenemos que aclarar todas esas situaciones. Se están haciendo los estudios para poder ver cómo ponemos en marcha el hospital nuevamente, pero no es algo de hacerlo de la noche a la mañana. Pero se va a hacer porque es parte del legado de los Acosta Bendeck a la comunidad, a toda la parte que beneficiaba a la salud.
TOMADO DE EL ESPECTADOR
