EL FONDO DE ALIVIO SOCIAL PARA LOS AGRICULTORES
Por: Eurípides José Castro Sanjuán*.
Desde el año 1.990 y haciendo eco de las penurias de los campesinos del sur del Atlántico, rica despensa agrícola de la región, un grupo de usuarios campesinos a la cabeza de Fidel sarmiento y Daniel de la Hoz de Campo de la Cruz, Suán, Candelaria, Repelón, Manatí y Santa Lucía, junto con el Personero del municipio de Suán el Dr. Eudaldo Tapia y quien escribe esta columna, en mi calidad de Personero Municipal de Santa Lucía, nos dimos a la tarea de sensibilizar tanto a los campesinos, como a las autoridades administrativas, agrícolas y financieras de nuestro Departamento sobre el impacto que causan los fenómenos naturales en la gaseosa economía de los pequeños agricultores, e indirectamente a toda la población del Departamento.
Colocábamos como ejemplo, que para las calendas del año 1984, el Canal del dique en cercanías del Municipio de Santa Lucía, rompió el muro de contención, desbordando sus aguas, lo que arruinó a más de 3.000 familias del sur, los daños fueron incalculables. Las tierras fueron inundadas hasta Candelaria y Manatí. Al momento de bajar las aguas dejaban una espesa capa blanca, que como una costra maligna, inició el fenómeno de la salinización y posterior desertificación de las tierras antes fértiles del sur del Departamento del Atlántico.
A pesar de todo, los campesinos con el inclemente sol a cuestas y el peso de las deudas por los intereses de créditos que les había otorgado la extinta Caja Agraria, empezaron poco a poco a recuperar sus tierras para el agro y cuando ya esperaban las nuevas cosechas para poder solventar sus obligaciones, se les apareció el Huracán “Johan”, otra catástrofe natural que les devastó sus cosechas. Nuevamente la pobreza arropó el querido sur del Departamento. Como si fuera poco los intereses de la deuda con la caja agraria día a día los arruinaba más, además que esa entidad con los embargos amenazaba con rematar sus tierras.
Ese estoico grupo que conformamos tuvo el reconocimiento en varios Editoriales de Prensa nacionales y el registro de columnistas de la talla de Urbano Rodríguez Muñoz, también “traspasó” los límites del Departamento. Nos dirigimos a Bogotá, donde con la ayuda del Dr. Carlos Ossa Escobar ex director del INCORA y luego miembro de la constituyente del 91, hizo que el Gerente General de la Caja Agraria nos atendiera y después de largas discusiones con éste, sobre la necesidad de condonar la deuda de nuestros agricultores, que en ese momento eran impagables como consecuencia de factores externos a la voluntad humana tales como el desbordamiento del canal del dique y el huracán “Johan”, logramos con mucho orgullo, al fin eliminarle los intereses moratorios de las obligaciones contraídas por los campesinos del sur del Atlántico, más cinco (5) años de gracia para pagar la vieja obligación y obtuvimos la promesa de nuevos créditos blandos para los campesinos del sur del Atlántico, en aras de que recuperaran sus tierras, volvieran a sembrar y recoger su cosecha.
Claro que no queríamos quedarnos con ese solo triunfo, que considerábamos incompleto si no lo hacíamos extensivo a todas las regiones de Colombia; estando allí en santa fe de Bogotá, donde para esos días se discutía el articulado de la Constitución del 91, de forma sutil pero atrevida nos entrevistamos con los constituyentes costeños, les dimos copia de un proyecto elaborado por nosotros, con la ayuda de abogados especialistas en asuntos constitucionales y agrarios como el Dr. Miguel Palomino, proyecto que denominamos: “Fondo de Alivio Social para los Agricultores de Colombia”, que a grandes rasgos demandaba la ayuda estatal a los campesinos de Colombia cuando sus tierras y cultivos fueran golpeados por los fenómenos naturales, todo en aras de que fuera incluido este capítulo en nuestra Carta Política, no se pudo lograr elevarlo a categoría Constitucional como era nuestro deseo, porque la mayoría de constituyentes del 91 tenían otras premuras, pero dejamos la inquietud a nuestros parlamentarios para que se legislara en concordancia con nuestro nuevo Estado Social de Derecho.
Hago la anterior remembranza para que se conozca y socialice una de las leyes más importantes de este milenio y es que el Congreso de la Republica, mediante la Ley 812/2003 y el Decreto Reglamentario 3377 de noviembre de 2003 emanado del ejecutivo, estableció el SEGURO AGROPECUARIO, por medio del cual se garantiza a los agricultores Colombianos la indemnización por los daños provenientes de factores externos como son los fenómenos naturales (entre ellos el desbordamiento de los ríos, Huracanes tropicales), y que complementa el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios para algunos productos del campo. ¡Enhorabuena!!.
Es de aclarar que nos cuesta entender por qué el plan de seguro obligatorio no cobija todos los productos del suelo, pero este es un primer paso que se está dando en Colombia, para estimular a los agricultores y empresarios del campo de volver a invertir en el agro, de volver a creer en el campo y así evitar el éxodo de campesinos a las grandes ciudades, que agranda el problema urbano-social de nuestras capitales.
Hoy a pesar de que ha transcurrido unos 17 años desde aquella odisea, no hemos visto en las nuevas generaciones de dirigentes y particularmente en nuestros Personeros Municipales, ni en los encargados de las Umatas, el necesario interés para remover esa inquietud pacifica de los pequeños agricultores y campesinos del sur del Atlántico, en aras de mejorar sus condiciones de vida. Allí está esa tarea, esperando para sacarla.
En todo caso quisiera pensar con “modestia Argentina” que esta nueva Ley contra Riesgos Agropecuarios, es el producto de la convicción, brega e intención de aquel atrevido y bizarro grupo de campesinos del sur del Departamento del Atlántico, a quienes orgullosamente me tocó en suerte acompañar. Algo dejamos.
E-mail: euripidesj@hotmail.com
*Abogado Doctor en Ciencias Políticas; Especialista en Derecho Administrativo; especializado en Derecho Constitucional y Diplomado en Conciliación. Ex Personero Municipal y ex Concejal del Municipio de Santa Lucía. Ex director del Departamento Jurídico y ex Coordinador de Control Interno Disciplinario de la Contraloría Distrital de Barranquilla; exdelegado Departamental de la Registraduría; Defensor Publico, Asesor externo de la Gobernación del Atco; Conjuez del H. Tribunal administrativo del Atlántico; Procurador Judicial. Columnista de los Diarios Alternativa Caribe y Ronda del Caribe.
