#LaOpinionDeColmenares. Industria del saqueo a la vista de todos…
Por Luís Alonso Colmenares Rodríguez
Lo que pasa en La Guajira es un crimen a plena luz del día. Recursos transferidos para aliviar el hambre, la sed y la desesperanza de los wayuu terminan engordando los bolsillos de funcionarios, políticos, algunas autoridades tradicionales y contratistas sin alma, frente a los ojos de todo el mundo: entre otros, la prensa, órganos de control, jueces, congresistas, y gran parte de la sociedad cómplice. Nadie dice nada, nadie se inmuta, nadie actúa.
ES NOTICIA HOY:
- “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”, Álvaro Uribe Vélez
- “Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos”: María Carolina Hoyos
- Estados Unidos se solidariza con la familia de Miguel Uribe y exige justicia para los responsables : Marco Rubio
La Guajira se desangra mientras la corrupción se pasea impune, amparada en la retórica de los “usos y costumbres” o “los saberes ancestrales” y en muchos casos con la complicidad de autoridades tradicionales que han vendido su dignidad a cambio de un porcentaje del botín.
Cada vez que leo la justificación para la contratación directa con asociaciones de autoridades tradicionales que nadie conoce, que solo existen en el papel, siento una mezcla de rabia, impotencia y vergüenza.
¿Cómo es posible que la gobernación de La Guajira, amparada en la ley y en la supuesta defensa de la autonomía indígena, siga entregando contratos millonarios a organizaciones fantasma, sin experiencia real, sin capacidad técnica, sin legitimidad en las comunidades? ¿Cómo es posible que los recursos de la Asignación Especial para los Resguardos Indígenas, que deberían servir para que ningún niño wayuu muera de hambre o sed, se esfumen en consultorías, capacitaciones y “asistencias técnicas” que nunca llegan a las rancherías, a los pozos secos, a las escuelas sin techo, a los hospitales sin médicos ni medicinas?
La pobreza multidimensional en La Guajira supera el 39%. Eso significa que cuatro de cada diez guajirosviven sin agua potable, sin alimentos suficientes, sin acceso a salud, educación o vivienda digna. Pero los contratos siguen fluyendo, los recursos se siguen girando, las cuentas bancarias de los “gestores culturales” y “líderes indígenas”, muchos de ellos impuestos por el poder político local, no paran de engordar.
Es que ya no es exagerado decir que en La Guajira se ha montado una industria del saqueo. Las asociaciones de papel, los cabildos paralelos, las fundaciones de maletín, los consultores de ocasión, los interventores que no intervienen, los supervisores que no supervisan, las listas con firmas de personas que nunca han existido o que ya fallecieron, los gobernadores que miran para otro lado. Todos hacen parte de una maquinaria que ha perfeccionado el arte de desviar los recursos públicos usando como coartada la defensa de la cultura y la autonomía wayuu.
Es un insulto tomar los “planes de vida”, “fortalecimiento del gobierno propio”, o la “identidad cultural”, como pretexto para suscribir contratos leoninos, inflar presupuestos, fragmentar proyectos para eludir la licitación, repartir comisiones y callar bocas. No pueden seguir usando los “saberes ancestrales” y los “usos y costumbres” como cortina de humo para justificar contratos fraudulentos, desvíos de recursos y negligencia administrativa. Es una narrativa perversa que solo sirve para encubrir el saqueo y asumir que los pueblos indígenas no merecen desarrollo, tecnología, educación de calidad o servicios básicos, porque eso sería “contaminar su pureza cultural”. ¡Cínicos!
A los contratistas sin escrúpulos, a los funcionarios públicos que firman sin ruborizarse, a los políticos que se lucran con la miseria, a las “autoridades tradicionales” que traicionan a su pueblo, les digo: su tiempo se acaba. La historia los juzgará por cada niño wayuu que muere de hambre, por cada madre que llora a sus hijos, por cada comunidad que sigue esperando el agua, la luz, la salud y la dignidad que ustedes les han robado.
¿Dónde están los órganos de control? ¿Dónde está la Contraloría General de la República, que debería auditar cada peso de la Asignación Especial para los Resguardos Indígenas y que, sin embargo, deja engavetadas decenas de expedientes durante años? ¿Dónde está la Procuraduría General de la Nación, que debería sancionar a los funcionarios que permiten estos atropellos y se limita a abrir indagaciones que nunca terminan en nada? ¿Dónde está la Fiscalía que, teniendo pruebas, testimonios y documentos, no se atreve a imputar cargos ni a capturar a los verdaderos responsables de este desfalco sistemático?
El silencio de los órganos de control y judiciales es tan criminal como el robo mismo. Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
