#LaOpinionDeColmenares. Elección de contralores: un negocio de 300 millones
Luís Alonso Colmenares Rodríguez
La reforma constitucional del Acto Legislativo 4 de 2019 buscó blindar la elección de contralores territoriales, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, a través de exámenes de conocimiento que deben llevan a cabo las universidades acreditadas, esperando que una academia imparcial garantice procesos limpios.
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Era el remedio contra la politiquería: quitarle a las asambleas y concejos la libertad absoluta de escoger a dedo, pero lamentablemente, ese remedio se ha convertido en un nuevo foco de corrupción. ¡Las universidades están negociando con el concurso de contralores!
Lejos de asegurar imparcialidad, la intervención de algunas universidades ha resultado contraproducente. En teoría, las instituciones de educación superior debían actuar como árbitros íntegros; en la práctica, algunas han sido señaladas de prestarse para torcer los resultados a conveniencia de los politiqueros. Lo que debía ser un concurso limpio se transformó en un mercado negro de puntajes y privilegios académicos falsos, resultando elegidos muchas veces los mejor conectados o los que más dinero pongan bajo la mesa.
Las denuncias llueven a lo largo y ancho del país por la manipulación de las ternas: aspirantes que no cumplen requisitos mínimos o con inhabilidades legales ignoradas, conflictos de interés descarados, alteración de las hojas de vida después del cierre de las inscripciones, etcétera. Está ocurriendo todo lo que se suponía que evitaría la reforma.
Hay casos tan graves que desafían la imaginación. Se habla, por ejemplo, de pruebas vendidas por sumas cercanas a $300 millones para garantizar que obtengan los puntajes más altos. Se dice que en Bogotá un candidato a la presidencia ya definió el nombre del nuevo contralor. Este nivel de perversión raya en lo surreal. O lo que denunció un congresista con la elección del contralor departamental del Valle del Cauca, cuyo concurso fue manipulado para favorecer a candidatos afines a la administración de turno: «El concurso está amañado, ya se sabe quiénes integrarán la terna sin siquiera presentar la prueba de conocimiento». Así de podrido está el asunto. Y solo es el botón de muestra de un problema sistémico.
En varios municipios y departamentos, hay fuerzas políticas que han encontrado la manera de secuestrar los concursos de contralores. Antes, negociaban los votos en los concejos o asambleas; ahora negocian los resultados de las pruebas de conocimiento filtrando los exámenes o calificaciones infladas, y con plata contante y sonante. El supuesto concurso de méritos se volvió la pantalla perfecta para revestir de legalidad lo que en el fondo es otro reparto clientelista por donde corre mucho dinero.
Cada nueva trampa se recibe con cinismo resignado, como si fuera parte del paisaje. ¿En qué momento se normalizó el hecho de que el vigilante de los recursos públicos pueda comprar su cargo? Si toleramos esto, aceptamos implícitamente que el ratón siga cuidando el queso, que el corrupto vigile a la corrupción. Es un círculo perverso que tenemos la obligación de romper.
No podemos quedarnos callados. Por eso, como veedor ciudadano inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, hago un llamado urgente y público a la Procuraduría General de la Nación para que pase de las palabras a los hechos refrendando la información. Es imperativo suspender procesos viciados, sancionar ejemplarmente a los responsables, incluyendo directivos universitarios que se han prestado al juego sucio y, de ser necesario, anular hojas de vida alteradas, exámenes, ternas y elecciones donde se compruebe fraude. Cada día de silencio oficial es un día en que la corrupción gana terreno.
A los ciudadanos nos corresponde alzar la voz para no permitir que nos arrebaten la esperanza de instituciones íntegras. Hay que exigir transparencia real en los concursos, apoyar a los denunciantes que sacan a la luz estas podredumbres, y pedir ajustes legales si hace falta reencauzar el sistema.
Los contralores existen para proteger el patrimonio público, no para engrosar las filas de los corruptos. Si la propia selección de estos funcionarios está corrompida, todo el edificio institucional se tambalea.
Ya es hora de despertar de la anestesia de la indiferencia para no darnos el lujo de aceptar que la trampa siga reinando donde debería imperar la integridad.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
