CNE abre investigación contra Pacto Histórico y «Matador» por presunta violencia política contra mujeres
El Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió investigación administrativa y formuló cargos contra el movimiento político Pacto Histórico y varios de sus dirigentes por presuntas conductas relacionadas con violencia contra las mujeres en política, en medio del proceso electoral de 2026. La decisión quedó consignada en una resolución de la Sala Plena del organismo electoral, donde también se ordenaron medidas de protección a favor de la ciudadana Susana Palomino Laserna.
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De acuerdo con el documento oficial, la investigación involucra al movimiento político en su condición de organización absorbente y sucesora de derechos, obligaciones y responsabilidades del desaparecido movimiento Colombia Humana. Entre las personas vinculadas aparecen Gabriel Becerra Yáñez, Jaime Caicedo Turriago, María José Pizarro Rodríguez y otros dirigentes, señalados dentro de los expedientes acumulados que adelanta el organismo electoral.
En la misma providencia, el CNE decidió abrir investigación y formular cargos contra Julio César González Quiceno, conocido públicamente como “Matador”, en su calidad de ciudadano inscrito por la coalición Pacto Histórico para el Senado de la República. Según el alto tribunal electoral, las actuaciones investigadas podrían configurar hechos de violencia política contra las mujeres, contemplados en normas recientes aprobadas para garantizar la participación femenina en escenarios democráticos.
La resolución también establece medidas preventivas y de protección a favor de Susana Palomino Laserna. Entre ellas, el organismo ordenó a Julio César González Quiceno cumplir disposiciones orientadas a evitar nuevas actuaciones que puedan afectar los derechos políticos y personales de la denunciante, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
Otro de los puntos destacados del documento señala que, en caso de suspensión privada de financiación estatal impuesta al partido o movimiento político involucrado, se ordenará la devolución de los recursos recibidos. Además, se advierte que el incumplimiento de las medidas preventivas podría generar sanciones monetarias sucesivas hasta por 50 salarios mínimos legales vigentes, de acuerdo con lo estipulado en la legislación electoral colombiana.
