Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la captura de Dayana Jassir por el crimen de su esposo
El Tribunal Superior de Barranquilla emitió una nueva decisión sobre la privación de la libertad de Dayana Yael Jassir de la Hoz, condenada a 57 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el homicidio de su esposo, Eduardo Pinto Viloria, ocurrido el 4 de mayo de 2016.
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La determinación se produjo en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, que dejó sin efecto el apartado de la sentencia del 7 de abril de 2025 relacionado con la captura inmediata de Jassir y le ordenó al Tribunal pronunciarse nuevamente, dentro de un plazo máximo de 48 horas, sobre la necesidad de mantenerla privada de la libertad antes de que la condena quede ejecutoriada.
Argumentos del Tribunal
En su nueva providencia, la Sala Penal examinó los cuestionamientos formulados por la Corte Constitucional y fundamentó su determinación a partir de las disposiciones legales que regulan la restricción de la libertad personal durante una actuación judicial.
El Tribunal citó el artículo 296 de la Ley 906 de 2004, según el cual la libertad personal puede ser afectada cuando resulte necesario evitar la obstrucción de la justicia, proteger a la comunidad o a las víctimas, o garantizar el cumplimiento de la pena.
La decisión responde al requerimiento del alto tribunal constitucional, que exigió una valoración expresa, concreta e individualizada sobre las razones que justificarían la privación inmediata de la libertad de la condenada mientras se resuelve su situación judicial definitiva.
El proceso contra Dayana Jassir se remonta al asesinato de Eduardo Pinto Viloria, quien se desempeñaba como director regional norte de Medicina Legal. El homicidio ocurrió en Barranquilla y dio lugar a una investigación que culminó, en segunda instancia, con la revocatoria de la absolución que había sido dictada en su favor y la imposición de una condena de 57 años y seis meses de prisión.
La decisión sobre su libertad se encuentra vinculada al trámite judicial pendiente ante la Corte Suprema de Justicia, donde la defensa busca que se revise la condena mediante el recurso de casación.
La controversia jurídica se centra en la privación de la libertad antes de que la condena quede en firme. La intervención de la Corte Constitucional no anuló por sí misma la condena, sino que ordenó revisar y justificar específicamente la medida de captura inmediata.
El caso continúa siendo uno de los procesos judiciales de mayor repercusión en Barranquilla, tanto por las circunstancias del crimen como por las decisiones de las distintas instancias judiciales que han intervenido desde 2016.
