Entes de control denuncian incumplimiento en Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron que la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas, y la atención a esta población, cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia por el covid -19.
Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Por ello se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades.
La pandemia en los territorios y comunidades étnicas podría generar un etnocidio, como consecuencia del estado de crisis humanitaria agravando los procesos de desaparición física y cultural que el conflicto armado y sus factores subyacentes han generado.
Para las comisiones, es fundamental que el Gobierno nacional ante la contingencia generada por el coronavirus adopte urgentemente correctivos y medidas especiales, que mitiguen el impacto de la pandemia en las víctimas y los previsibles retrocesos en su estabilización socioeconómica.
A pesar de las estrategias implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, no se ha logrado atender de manera oportuna y eficiente la alta demanda de solicitudes de las víctimas en materia de ayuda humanitaria e indemnización, durante la emergencia.
Entre 2019 y junio de 2020 la reconfiguración de los escenarios de violencia, motivada por la disputa territorial tras la firma del Acuerdo Final de Paz y la emergencia causada por el covid-19, generaron un crecimiento en el número de desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida.
Se encontraron casos en que algunas comunidades confinadas en Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, El Carmen de Atrato y Riosucio (Chocó), han tenido que esperar más de seis meses la entrega de la ayuda humanitaria, y otros donde los actores armados aprovecharon la emergencia sanitaria para aumentar su intimidación en las zonas donde delinquen.
Sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos
A pesar de la insistencia de los órganos de control, el Gobierno nacional no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable. Tampoco se cuenta con un nuevo CONPES que incluya la implementación de los decretos leyes étnicos y la articulación con el Acuerdo Final de Paz.
El esfuerzo fiscal del Gobierno nacional de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones. Es imperativo hacer ajustes administrativos, legales y de procedimiento que permitan asignar recursos suficientes, y fortalecer la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos.
Según cálculos de la Contraloría General de la República, a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva ($48,7 billones); a vivienda urbana y rural ($26,2 billones); a alimentación ($24,8 billones), retornos y reubicaciones ($20,5 billones), educación y salud – SGP ($197,3 billones), entre otros.
La materialización del derecho a la restitución de tierras presenta escasos avances ante el incumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces. Durante los años 2018 y 2019 no se cumplió ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda. En los casos de víctimas de pueblos étnicos solo se han expedido 18 sentencias en 9 años, y de 1.292 órdenes judiciales únicamente se han hecho efectivas 11.4%.
Frente a la restitución de derechos territoriales para los pueblos indígenas y comunidades negras se requiere el pleno funcionamiento del componente étnico del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Asimismo, no se ha logrado un aporte significativo para la protección y formalización de la propiedad de las comunidades étnicas. Durante toda la vigencia de la Ley y los Decretos Leyes se han restituido en sentencia 382.755 hectáreas, de las cuales el 58% corresponde a grupos étnicos y el 99% de estas, a territorios ya formalizados (resguardos y territorios colectivos de comunidades negras titulados).
Seguimiento en cifras
En total, 879.821 víctimas han sido indemnizadas, lo que corresponde a casi el 13% de los 7.261.998 sujetos de reparación. A este ritmo se necesitan más 50 años para indemnizar al universo de víctimas sujetos de reparación.
Entre el 2019 y el primer trimestre de 2020 se pagaron 95.127 indemnizaciones. Sin embargo, existe un rezago de 1’320.177 solicitudes, frente a las cuales no se han asignado citas para iniciar trámite de documentación.
La Reparación Colectiva presenta escasos avances. De los 755 Sujetos de Reparación Colectiva –SRC- incluidos en el Registro Único de Víctimas –RUV-, solo 156 tiene Plan Integral de Reparación Colectiva –PIRC- aprobado y de esos apenas el 2% ha finalizado su implementación. Cabe anotar que para el caso de sujetos étnicos (539), el 11% se encuentra en implementación.
Solo un 4% de las víctimas pendiente de atención ha tenido acceso a programas de vivienda. Entre 2018 y 2020 se otorgaron 27.778 subsidios familiares de vivienda (63% urbanos y 37% rurales), frente a 715.899 hogares pendientes de atención.
El derecho a la participación en las Mesas de Víctimas tampoco ha sido respetado por parte de algunas gobernaciones y alcaldías, que no han tenido en cuenta a esta población en sus planes de desarrollo. Por lo que se reiteró el llamado a las entidades territoriales a garantizar el derecho a la participación de las víctimas en la formulación de los Planes de Acción Territorial, con estrategias que permitan superar las limitaciones impuestas por la actual emergencia sanitaria.
