LA COMPRAVENTA DEL VOTO: “TANTO PECA, QUIEN PAGA POR LA PECA, COMO QUIEN PECA POR LA PAGA”
Por EURÍPIDES CASTRO SANJUAN Doctor en Ciencias Políticas
“Lo que es para el uno, debe ser para el otro” decía mi tío Kasimirito Barragán, en lo que comporta a las sanciones que se deben infligir a quienes siguen con la costumbre inveterada de la compra venta del voto. Ello porque el delito es consumado –mínimo- por dos personas.
Comprar y vender el voto trae consecuencias graves contra el sistema democrático porque erosiona uno de los pilares que soportan las garantías constitucionales: la libertad de expresión, el voto universal, junto a la obligación y derecho de elegir y ser elegido.
Esta conducta, de acuerdo con la legislación punitiva colombiana, acarrea responsabilidades y penas, establecidas en el art. 390 de nuestro Estatuto Penal, tanto para quien compra el voto como para quien lo vende. Además, quien lo vende, imperceptiblemente será aislado por la comunidad y será considerado un ciudadano de segunda, sin importancia política, e ignorado individualmente por el mismo comprador y rechazado socialmente. Tampoco será llamado a contribuir en causas políticas, ni podrá exigir beneficios de las políticas Públicas. En cuanto al político, éste no tendrá interés alguno en presentar proyectos a favor de una comunidad que vende su voto, toda vez que, solo buscará llenar sus cuentas bancarias para volver a comprar los votos que pretende para hacerse elegir.
Aunque en la práctica, la estrategia de las autoridades ha radicado en perseguir, más a uno que al otro, por la convicción supuesta de que, quien posee la ventaja racional, es quien compra el voto. Sin embargo, podemos afirmar que cuando el votante ha tomado la decisión de venderlo, ya ha podido estudiar el costo beneficio de su acción por fuera de la Ley. Aunque, se escuchan muchas voces de justificación económico-políticas al respecto. Algunos le llaman “la verdadera democracia participativa”, porque consideran que, “es la única vez que el pueblo raso puede participar para recuperar del erario, lo que le pertenece”. Descontando de manera figurada, que ese dinero con que se compra votos, pudiera haber sido sacado de las arcas de la República.
Lo que deviene, que las autoridades policivas, tanto como quienes compran el voto, se equivocan, pensando erróneamente que el pueblo lo negocia debido a su ignorancia supina o a la necesidad de llevar un sustento a sus hogares. Según estudios, la mayoría se arriesga a realizar esta conducta punible, porque se han convencido en el transcurso de los gobiernos, que luego no van a tener acceso real a las políticas públicas.
Tampoco ha sido muy efectiva históricamente la acción de las autoridades, (salvo algunas excepciones) debido a la clandestinidad con que operan los comercializadores, lo que dificulta poder individualizar al transgresor, porque estas actuaciones tipificadas penalmente se realizan en escenarios masivos, como es el día que concurre el pueblo multitudinariamente a las mesas de votación.
Para eliminar esta conducta gravosa, se deben atacar otros frentes sociopolíticos, porque se ha establecido ya, que la ominosa compraventa de votos deviene de sistemas democráticos débiles, donde la corrupción se produce desde el mismo momento en que se ejecuta monolíticamente el poder para favorecer solo a un grupo preferente, olvidándose del pueblo y, porque concurre a menudo la impunidad en estos casos. Por ello se hace necesario fortalecer a los partidos y endurecer las reglas de bancada; reforzar el procedimiento de escrutinios electorales y, dirigir las políticas públicas a que cierren la brecha de la desigualdad social, proyectando y realizando las obras de infraestructura necesarias, en salud, vivienda y educación, que con ello se mueve la mano de obra y la economía de un país. Ese es “el acuerdo de lo fundamental” de que hablaba el Estadista y líder político Álvaro Gómez Hurtado.
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