Columna de opinión: Lo que no se puede medir, no se puede mejorar
Por Isabella Pulgar Mota Diputada del Atlántico
Alex Petit es un entrañable amigo, a quien admiro profundamente por su capacidad de enfrentar con dignidad y coraje los retos que la vida le impone. Hace unos días nos reunimos en Santo Tomás, él, un grupo de jóvenes y yo, para hablar sobre un tema que ha sido un desafío constante para ellos: la inclusión social de las personas sordas. Lo que comenzó como una conversación entre amigos pronto se tornó en una reflexión más profunda sobre la realidad que enfrentan las personas con discapacidad en nuestro país, y cómo la falta de datos precisos sobre esta población afecta directamente las políticas que deberían estar destinadas a mejorar sus vidas.
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La inclusión social se convierte en una tarea monumental cuando ni siquiera contamos con un censo claro sobre cuántas personas tienen alguna discapacidad. Mientras el Ministerio de Salud, a través del Sistema Integrado de Información de la Protección Social, estima que en el Atlántico hay 45,628 ciudadanos con algún tipo de discapacidad, el DANE presenta una cifra mucho mayor, que supera los 135 mil. Esta disparidad no es solo un número en un papel, es la evidencia de un problema estructural: si no sabemos cuántas personas necesitan atención especial, ¿cómo podemos asegurar que las políticas públicas las beneficien de manera justa y equitativa?
Es alarmante ver que los dos planes de desarrollo, “Atlántico Líder” y “Atlántico para la gente”, que abarcaban los periodos 2016-2019 y 2020-2023 respectivamente,establecieron metas poco ambiciosas para atender a este sector de la población. Un ejemplo claro es el plan de inversiones de la gobernadora, Elsa Noguera, que destinó $8.611 millones durante sus cuatro años de gestión para la población con discapacidad. Si tomamos como referencia los 45 mil ciudadanos que estima el Ministerio de Salud, esta asignación equivale a un promedio de $192.304 por persona. Pero, si nos guiamos por la cifra del DANE, ese promedio se reduce a $89.216 por persona. Ambas cifras son irrisorias considerando las necesidades reales de esta población.
Lo más preocupante de todo es que el actual Plan de Desarrollo “Atlántico para el mundo” se basa en datos aún más desconcertantes. Según el documento oficial, el departamento del Atlántico reporta una población de apenas 11,514 personas con discapacidad, una cifra que no se acerca ni remotamente a las proyecciones del DANE o del Ministerio de Salud. ¿Cómo es posible esta discrepancia? ¿Cómo podemos desarrollar políticas efectivas si ni siquiera tenemos una idea clara del tamaño de la población que queremos beneficiar?
Un plan de desarrollo no es solo un ejercicio burocrático. Es la hoja de ruta que guiará las acciones de un gobierno durante su mandato, y es la promesa que ese gobierno hace a sus electores. Sin datos claros y objetivos, esta promesa se vuelve vacía, y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad se esfuma. Aquí es donde cobra total sentido la frase: “lo que no se mide bien, no se puede mejorar”.
No obstante, el problema va más allá de la falta de datos.
La verdadera inclusión social no puede reducirse a simples jornadas de entrega de ayudas técnicas. Es necesario un cambio profundo en la manera en que pensamos las políticas públicas. Es imperativo crear programas educativos que incluyan a todos, escuelas realmente inclusivas, con currículos adaptados y personal capacitado para atender a estudiantes con diversas discapacidades.
Además, necesitamos incentivos para que las empresas contraten a personas con discapacidad y les ofrezcan oportunidades reales de desarrollo profesional.
Incluir no es simplemente aceptar que existen, es garantizar que tengan acceso a las mismas oportunidades que todos los demás, que puedan participar plenamente en la vida social y económica de su comunidad. Mientras sigamos basando nuestras políticas en cifras imprecisas o inexactas, estaremos fallando en nuestra responsabilidad de construir una sociedad verdaderamente inclusiva.
La inclusión no es caridad, es justicia. Y para alcanzarla, necesitamos comenzar por medir adecuadamente la realidad que enfrentan estas personas. Solo así podremos mejorarla.
